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Jueves 01 de noviembre de 2018
Camioneros e impuesto al diésel
Señor Director:
Respondiendo a un editorial de este diario sobre el impuesto al diésel, el señor Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, intenta convencernos de que no están en una situación de privilegio. Lamentablemente no ofrece buenos argumentos y sí omite información relevante.
La realidad es que en Chile el impuesto específico al diésel es uno de los más bajos de la OCDE, es 1/4 del que pagan las bencinas y, a su vez, es devuelto en un 80% a la inmensa mayoría de los camioneros. En simple, esto significa que si un usuario de bencina paga aproximadamente $300 por litro en impuesto específico, un camionero termina pagando $15 por litro. Si esto no es un privilegio, no sabemos qué podría serlo. Máxime cuando el impuesto específico al diésel, que se justifica por las externalidades negativas de contaminación y congestión, debiera ser mayor que el de las bencinas. Un camión contamina más y congestiona más que un automóvil.
El señor Araya desliza, de pasada, una crítica a que los camioneros deban pagar peajes, como todos los chilenos lo hacemos, por utilizar las carreteras, pago que también tiene una justificación económica evidente.
Y si de privilegios se trata, no olvidemos, además, que la mayoría de los camioneros en Chile tributa por renta presunta, sistema anacrónico en el siglo XXI. Esto implica que, a diferencia de la mayoría del resto de los empresarios, terminan pagando poco y nada por las rentas que obtienen.
Finalmente, el señor Araya justifica el privilegio del reintegro del 80% del impuesto al diésel para los camioneros en que este fue aprobado democráticamente. Amén de que no porque sea aprobado por el Congreso deja de ser un privilegio (ejemplos históricos sobran), olvida mencionar que ello ocurrió para terminar con un paro ilegal de camioneros. Cuando un país legisla chantajeado por un paro ilegal que bloquea las carreteras, el argumento de legitimidad democrática es cuestionable, por decir lo menos.
De cara al debate tributario que se avecina, sería deseable tener una discusión para avanzar en terminar con estos privilegios que no tienen justificación en una economía de mercado moderna y que solo generan ineficiencias y desigualdad.
Claudio Agostini
Ignacio Briones
Escuela de Gobierno UAI
Respondiendo a un editorial de este diario sobre el impuesto al diésel, el señor Juan Araya, presidente de la Confederación de Dueños de Camiones de Chile, intenta convencernos de que no están en una situación de privilegio. Lamentablemente no ofrece buenos argumentos y sí omite información relevante.
La realidad es que en Chile el impuesto específico al diésel es uno de los más bajos de la OCDE, es 1/4 del que pagan las bencinas y, a su vez, es devuelto en un 80% a la inmensa mayoría de los camioneros. En simple, esto significa que si un usuario de bencina paga aproximadamente $300 por litro en impuesto específico, un camionero termina pagando $15 por litro. Si esto no es un privilegio, no sabemos qué podría serlo. Máxime cuando el impuesto específico al diésel, que se justifica por las externalidades negativas de contaminación y congestión, debiera ser mayor que el de las bencinas. Un camión contamina más y congestiona más que un automóvil.
El señor Araya desliza, de pasada, una crítica a que los camioneros deban pagar peajes, como todos los chilenos lo hacemos, por utilizar las carreteras, pago que también tiene una justificación económica evidente.
Y si de privilegios se trata, no olvidemos, además, que la mayoría de los camioneros en Chile tributa por renta presunta, sistema anacrónico en el siglo XXI. Esto implica que, a diferencia de la mayoría del resto de los empresarios, terminan pagando poco y nada por las rentas que obtienen.
Finalmente, el señor Araya justifica el privilegio del reintegro del 80% del impuesto al diésel para los camioneros en que este fue aprobado democráticamente. Amén de que no porque sea aprobado por el Congreso deja de ser un privilegio (ejemplos históricos sobran), olvida mencionar que ello ocurrió para terminar con un paro ilegal de camioneros. Cuando un país legisla chantajeado por un paro ilegal que bloquea las carreteras, el argumento de legitimidad democrática es cuestionable, por decir lo menos.
De cara al debate tributario que se avecina, sería deseable tener una discusión para avanzar en terminar con estos privilegios que no tienen justificación en una economía de mercado moderna y que solo generan ineficiencias y desigualdad.
Claudio Agostini
Ignacio Briones
Escuela de Gobierno UAI
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