Señor Director:

Los jóvenes que se han visto involucrados en los actos de violencia más extremos en colegios de Santiago han sido denominados "delincuentes disfrazados de estudiantes". El problema es que estos adolescentes no están disfrazados de estudiantes, sino que son estudiantes que, como todo niño, niña y joven, tienen derecho a educarse y a un debido proceso al ser acusados de un delito.

Lanzar una bomba molotov a un carabinero o rociar con bencina a un profesor son hechos muy graves. Estos ameritan ser investigados y sancionados por la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, norma que contempla medidas cautelares de protección a las víctimas. Lo que hace Aula Segura es duplicar la sanción, ya que quien resulte responsable deberá responder ante la ley y además acatar su expulsión, la que hasta hoy depende del reglamento de cada colegio.

El énfasis en el castigo que nuestra sociedad suele promover como solución no permitirá conocer a tiempo cómo es que el estudiante llegó a actuar con tal violencia, ni cómo podrá salir de la situación que lo aqueja, evitando abordar el problema en toda su complejidad. Tampoco favorecerá el fortalecimiento de las comunidades escolares, ya que el acusado quedaría en una situación de desamparo frente a las facultades del director y a la inmediatez del castigo. Asimismo, esta sanción no repara ni se hace cargo del daño provocado a los demás estudiantes y profesores.

Sabemos que el Ministerio de Educación sería el encargado de "reubicar al estudiante infractor y adoptar medidas de apoyo". ¿Cómo se determinará dónde debe ser reubicado? ¿Cuáles son estas medidas de apoyo? ¿Quién supervisará que estas se apliquen? Esto parece no ser muy importante. Y no lo será mientras miremos a estos estudiantes como "delincuentes disfrazados de estudiantes".

Milagros Nehgme
Directora ejecutiva de Corporación Opción