Cualquier lector desprevenido pensará que las líneas que siguen se refieren a la FECU que deben reportar las sociedades anónimas abiertas ante la actual Comisión para el Mercado Financiero, es decir, la columna debiese estar en el cuerpo de Economía y Negocios y no acá. Pero se trata de un pequeño engaño, estimado lector. Pretendo poner en evidencia cosas que están pasando, que se refieren a la sociedad civil, y que completan una agenda, a veces, invisible para todos quienes están atrapados en el comidillo de la batalla diaria de la insidia, la crisis y la desconfianza. Al lado de todos estos escándalos ambientales, institucionales, financieros, pasan cosas que dan cuenta de una verdadera revolución silenciosa, donde los actores de esta avanzan sin ser vistos, sin mucho apoyo y, muy de a poco, logran que otros se sumen para que pasen cosas mejores en nuestro país.

En un reciente trabajo (OECD, PNUD, BID y otras entidades) denominado Perspectivas Económicas de América Latina 2018 (Repensando las instituciones para el desarrollo) se advierte "la creciente desconexión entre los ciudadanos y las instituciones públicas en América Latina, caracterizada por una caída en los niveles de confianza, la falta de buenos empleos y la cada vez menor satisfacción con servicios públicos clave, como la salud y la educación", y se propone avanzar hacia un "nuevo nexo Estado-ciudadanos-mercado. Para ello, es necesario repensar las instituciones para que impulsen un crecimiento incluyente y para construir Estados que cumplan y sean más confiables, más capaces, más abiertos y más innovadores para poder dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos".

Es que al final, nos estamos llenando de diagnósticos donde todos terminan relevando la "crisis de confianza", pero pocos terminan actuando para superarla. Muchos se quedan esperando la respuesta del Estado -que debe llegar, sin dudarlo, en algún momento-, y otros deciden comenzar a pavimentar el camino que lleve a su recuperación, con la ayuda de él, o simplemente bajo el paraguas de esfuerzos asociativos que produzca el desarrollo de trabajos comunes por intereses específicos (medioambiental, protección de animales, entre muchos ejemplos), por solidaridad y apoyo en sectores que se refieren al deterioro de personas y sectores de nuestra sociedad (menores, drogadictos, ancianos, situación de calle, educación, etc.), o simplemente por desarrollos territoriales o sectoriales (vecinos, deportes, grupos de vida sana, diversidad cultural, diversidad de pueblos, etc.). Se trata de organismos que la literatura reconoce como organizaciones de la sociedad civil (OSC).

A veces, estas cuentan con algún apoyo financiero del Estado (municipio, ministerios, etc.) y otras con el patrocinio filantrópico organizado como tal (corporaciones) o por apoyos patrimoniales, lisa y llanamente, de empresas que asumen su colaboración en la sociedad más allá de la sola generación de ganancias (ya sea bajo leyes que permiten aportes y su descuento tributario o bajo el castigo del gasto rechazado que subyace en las empresas que no pueden asilarse en ley especial). A estas alturas, no es menor dar cuenta que si uno mira el registro de entidades de la sociedad civil que, en términos bien poco amigables y actualizados, lleva el Registro Civil por mandato legal, actualmente constan en él 266.640 entidades (a julio de 2018).

En un país marcado por la desconfianza, como apunta la literatura sobre el tema (algunos datos estadísticos indican que solo el 12,4% de los chilenos admite que se puede confiar en la mayoría de la gente), estas OSC, en muchas ocasiones, han recibido la transferencia de funciones estatales y recursos del mismo Estado, de modo que no solo son auxiliares de lo público, sino que muchas veces tienen a su cargo lo público (cuidadoras de menores del Sename, corporaciones que reciben a los adictos, entidades que dan cuidado de atención a nuestros ancianos), es decir, generan directamente bienes públicos que antes realizaba de modo exclusivo el Estado.

Este aire nuevo de confianzas que promueve la sociedad civil, tiene la característica del interés social sobre el interés del lucro, pero obviamente que ellas no están exentas del riesgo de malas prácticas o de su mal uso para convertirse en verdadera fachada de intereses que las vean como un vehículo utilizable para allegar, a través de ellas, recursos financieros destinados a fines políticos, o simplemente delictuales. Este golpe, ahora de desconfianzas en la sociedad civil, sería el germen de una irreparable reconstrucción del tejido social que necesita, sí o sí, la confianza en nuestro país.

En línea de cuidar la confianza en estas entidades, desde el año 2012 se ha trabajado -desde la sociedad civil con el apoyo de auditoras y de muchos- un instrumento de reportabilidad contable, orgánico y administrativo, que pretende generar un estándar de transparencia, homogeneidad, participación, claridad, comprensión y sencillez, que permita cumplir, no con el mínimo de los principios de contabilidad generalmente aceptados, sino que con datos contables de gestión y organización, dar cuenta de los recursos que reciben, quienes los reciben, en qué los gastan y cómo lo hacen, de manera que cualquiera pueda visualizar el quién es quién en el campo de la sociedad civil. Hoy, la FECU Social se ha formalizado como un instrumento que usan más de 220 entidades que se han involucrado con una herramienta en la que, al final, deben todos sus integrantes participar en su ejecución.

Es cierto, esta herramienta es un tremendo soporte de tranquilidad para el donante, para el miembro de la organización, para el vigilante financiero o para cualquiera que tenga interés en indagar el uso de los recursos de cualquier organización que administra, como dijimos, muchas veces, bienes públicos. Pero lo que realmente se necesita es que sea un instrumento reconocido por el propio Estado, el que a través del respaldo formal de su ejercicio, siembre en ellas la inmediatez de su vigencia anual y la seguridad de que cumplen lo exigido, con todo lo que ello implica de cara al sector financiero al que siempre deben acudir y, al mismo tiempo, ello permitirá que la autoridad se concentre, de mejor modo, en el rol fiscalizador que le compete frente al mundo de las corporaciones y fundaciones privadas.

Como se ve, en este variopinto mundo de insidias hay también buenas noticias, que están ocultas porque no quieren verse como tales. Rescatarlas es también un deber de la prensa, y leerlas es tarea de todos.