¿Tiene derecho la ciudadanía a conocer los actos eventualmente ilegales que el Presidente, antes de ser tal, ejecutó?

La pregunta adquiere relevancia luego de que, por estos mismos días, se supo que existía un registro grabado en audio de la compra de acciones de LAN que Sebastián Piñera, que entonces no era Presidente, habría ordenado estando en conocimiento de información privilegiada. De ser cierto, hablaría mal del carácter presidencial. Cicerón, examinando un caso análogo (el de un comerciante que ocultó información en beneficio propio) lo explica con su habitual elocuencia:

"¿Quién no advierte la índole de este comportamiento y de quién es propia? No lo es ciertamente de un hombre abierto, sencillo, ingenuo, justo y bueno, sino de un hombre taimado, misterioso, astuto, falaz, malicioso, sagaz, hábil, bellaco..." (Sobre los deberes).

¿Merecerá esos nombres infamantes la conducta que consta de esos audios?

No se sabe, porque la información está oculta.

La operación de las acciones de LAN fue, como debe ocurrir en estos casos, grabada. Y en medio del bullicio mercantil, según quienes la conocen, se escucha la voz hoy presidencial. La cinta fue trasladada a un CD y guardada con esmero y nunca se ha dado a conocer públicamente. El hasta ahora custodio de la información, Francisco Armanet, entonces gerente de la corredora que hizo la operación, arguyó (con una malignidad que la reflexión que ensayó no pudo ocultar) que la privacidad de la figura presidencial y su prestigio debían ser protegidos y que, por eso, él mantendría a buen recaudo la grabación.

¿Es correcto eso?, ¿será verdad que la privacidad presidencial y su prestigio protegen al Presidente Piñera frente a una información que podría revelar cierta debilidad moral suya?

Un caso permite examinar el problema.

François Mitterrand ocultó que padecía un cáncer desde 1981. Su médico de cabecera reveló el secreto en un libro que los jueces franceses consideraron atentatorio a la intimidad de un presidente muerto. El Presidente, decía el libro, no estuvo en condiciones de ejercer la presidencia desde 1994 (Mitterrand murió el año 1996). Pero el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró el año 2004 que Francia, al ordenar requisar los libros, atentó contra el derecho de los ciudadanos de conocer las enfermedades de un jefe de Estado y su aptitud para conducir los asuntos públicos.

Parece obvio que si una enfermedad no es un asunto que debe escapar a los ojos y oídos de la ciudadanía, menos deben serlo los actos potencialmente ilegales que ejecutó quien ejerce la presidencia. La razón es tan evidente que no parece necesario subrayarla: las aptitudes para conducir los asuntos públicos, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que supone la jefatura del Estado, requieren cierto carácter moral, una cierta disposición a cumplir la ley incluso en perjuicio propio, algo que no resulta consistente con el empleo ilegal de información privilegiada. Cicerón, considerando un caso semejante, lo explica con claridad. No se trata de moralizar la presidencia en el sentido de exigirle virtudes excesivas a quien la ejerce, se trata simplemente de repetir lo que el Tribunal Europeo dijo del caso Mitterrand: la ciudadanía tiene derecho a conocer todos los actos que revelan las aptitudes y el carácter de quien conduce el Estado.

Por lo demás, incluso si el asunto se examina desde el punto de vista del prestigio presidencial (que es lo que quien posee las cintas dijo cuidar) se concluye que las cintas deben ser dadas a conocer.

Un simple análisis lo muestra.

Si las cintas hasta ahora en custodia revelan una actitud inadecuada del ahora Presidente, si al oírlas se advierte, por ejemplo, que él desoye las advertencias de la corredora que le hacen ver que existía el peligro de estar empleando información privilegiada y así y todo ordena la operación, si se observa en esa cinta que el Presidente actuó desaprensivamente en sus deberes públicos (cumplir la ley es un deber público), es obvio que le conviene a la ciudadanía saberlo, porque de ahí en adelante podrá estar alerta frente a ese tipo de conductas, algo que ayudará al propio ejecutor de ella a que controle la pulsión que le llevó entonces a ejecutarla. Y como castigo podría obligársele a leer a Cicerón:

"¿No es inútil el hacerse merecedor de tantos y de otros muchos nombres infamantes?".

Y si, en cambio, las cintas son más o menos inocentes y en ellas se escucha al ahora Presidente de la República, esgrimiendo un simple algoritmo, el resultado de un impersonal programa computacional como razón de sus instrucciones, si queda claro que no era la información a la que tenía acceso privilegiado la que lo llevó a comprar esas acciones, entonces la autoridad del Presidente saldrá fortalecida, su carácter moral reafirmado y no habrá motivos para ninguna maledicencia de esas que el cuidado escrupuloso que declaró el custodio de las cintas teme.

En otras palabras, en el primer caso (si las cintas revelan conducta inadecuada) gana la ciudadanía; en el segundo caso (si las cintas revelan una operación de buena fe) gana el Presidente.

En cualquier caso, el interés público sale fortalecido.

Negocio redondo.