Tal como había sido anunciado, el Gobierno envió la semana pasada su proyecto tributario, que en lugar de una modernización como se ha denominado es una nueva reforma estructural. Establece la reintegración del actual sistema semiintegrado, la eliminación del régimen atribuido, del régimen de contabilidad simplificada 14ter pyme y en su reemplazo crea dos sistemas "nuevos". Además, incluye una serie de modificaciones al corazón de nuestro sistema tributario, como son las modificaciones a la definición de los gastos necesarios para producir la renta, por ejemplo. Por último, la reforma incluye una serie de modificaciones a las atribuciones del SII y, en particular, limita en forma drástica la norma general antielusión, que es una herramienta fundamental para disuadir la elusión tributaria.

Desde mi perspectiva, la prudencia llamaba a no realizar una reforma estructural, con algunos cambios de modernización, antes que el actual régimen tributario esté plenamente en régimen y se puedan observar los elementos de este que funcionan y cuáles tienen problemas. Por primera vez, la Operación Renta 2019 tendrá el régimen actual en plena operación.

Cuesta comprender que el Ejecutivo pretenda usar su capital político y sus capacidades técnicas en la tramitación de una reforma que se anticipa larga y compleja y que ya ha provocado crispación en distintos sectores, en circunstancias de que el Gobierno tiene temas más urgentes que atender. Sabemos que las reformas estructurales generan costos de ajustes en la economía y que la crispación que genera toda discusión tributaria termina afectando no solo el ambiente político, sino también el ambiente económico.

¿Era prudente presentar esta reforma sabiendo sus costos? Creo que no. El Gobierno tiene una serie de otras tareas en el área de crecimiento de mediano y largo plazo que tienen un impacto mayor en el crecimiento. Por ejemplo, la implementación del fondo de infraestructura para fomentar la inversión y la implementación adecuada de la desmunicipalización de la educación, que también requieren del capital político y técnico del Estado. De más está decir lo importante que es llevar a cabo el cambio a nuestro sistema de pensiones para que este pueda ofrecer pensiones dignas a todos los chilenos.

¿No habría sido preferible que abordara esos temas en lugar de impulsar profundas modificaciones a nuestro sistema tributario cuando todavía no tenemos todos los datos de su funcionamiento?

Si consideramos que con la reintegración y otras medidas volvemos a la situación que teníamos antes de 2014, la reforma del Gobierno no puede ser considerada una modernización del sistema tributario, pese a las disposiciones que afectan a las plataformas digitales. Esta es una reforma estructural que no considera los principios de resguardo de la recaudación, progresividad y combate a la elusión que tiene la reforma actualmente vigente.

Si entramos al análisis de las medidas más importantes, vemos con inquietud el impacto que tiene en la recaudación reintegrar el sistema tributario. Según los cálculos del propio Gobierno, superan los 800 millones de dólares. Y de acuerdo a nuestras estimaciones, los principales beneficiados, con 600 millones, son los dueños de las mil empresas que más ventas tienen. ¿Cómo se compensaría? De acuerdo a lo que hemos leído, con la implementación de la boleta electrónica se recaudarían más de 1.100 millones de dólares. Después de leer el informe financiero del proyecto, no queda claro cómo se llega a esa cifra. Es difícil pensar que después de estar aplicada la factura electrónica y la boleta a través de Redcompra podamos recaudar ese monto.

También aportarían a la recaudación medidas transitorias, como el impuesto sustitutivo del FUT y la repatriación de capitales. Pero tal como se plantea, son medidas transitorias y la integración conlleva una pérdida de recursos permanentes. Algo no cuadra.

Más aún si ambas ventanas ya se aplicaron. ¿Por qué deberíamos esperar que recaudaran lo mismo o más de lo que recaudaron en el pasado?

Otra decisión sumamente preocupante es la de modificar la norma general antielusión. Se había descartado que se buscara terminar con ella; sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. Los cambios que se le introdujeron a la norma con el fin de dar más certeza a los contribuyentes termina por disminuir de manera significativa su efecto disuasivo. Y lo que es más grave, nos hace retroceder todo lo que habíamos avanzado para que nuestro país contara con estándares internacionales en la lucha contra la elusión y la evasión.

Sacar adelante una nueva reforma estructural requerirá de muchas horas, paciencia y consumirá mucho capital político. Esperamos que el Gobierno se abra a dialogar de verdad.

Alejandro Micco A.
Profesor FEN U. de Chile