Señor Director:

En relación con la acusación constitucional presentada contra tres destacados ministros de la Corte Suprema en razón de la concesión de libertad condicional a condenados por crímenes de lesa humanidad, manifestamos lo siguiente:

1. En nuestra calidad de abogados y académicos en el ámbito de las Ciencias Penales en Chile, enseñamos a nuestros alumnos la importancia de la responsabilidad que en una sociedad democrática se deposita en los jueces de la República llamados a resolver nuestras diferencias y controversias. De allí la importancia de preservar el respeto y la confianza en las decisiones que los tribunales adoptan, aun cuando los resultados del ejercicio de la función judicial sean en ocasiones contrarios a nuestros ideales o intereses.

2. En este sentido, nos consta la vasta trayectoria de los ministros Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, y damos fe de su dedicación e integridad en las funciones que desempeñan. Detrás de cada uno de estos ministros existe una relevante y no siempre conocida historia de honesto e imparcial servicio a nuestro país que no debiese ser ignorada.

3. La existencia de la facultad de acusar constitucionalmente a ministros de la Corte Suprema no excluye la necesidad de un uso cauteloso y prudente de una herramienta que, de ser utilizada fuera de los casos previstos por la Constitución, puede afectar de manera ilegítima la idea de separación de poderes. La concesión de una atribución que consta en la Constitución requiere de responsabilidad en su ejecución, responsabilidad que a todas luces se extraña en el caso de la actual acusación, que en el fondo se sostiene en el cuestionamiento de una interpretación plausible dada por los ministros, lo que excede la facultad otorgada por nuestra Constitución Política. No hay notable abandono de funciones cuando un juez se limita a fijar el sentido de la ley dentro de los límites que le permite nuestra institucionalidad.

4. Una acusación constitucional como la referida pone en peligro la confianza en una de las instituciones base de nuestro Estado de Derecho como es nuestro Poder Judicial y constituye una intromisión del poder político en las funciones que le son propias.

5. Por todo lo anterior, los firmantes hacemos un llamado a utilizar con mesura y sólidas razones esta herramienta constitucional de carácter excepcional y por lo mismo a rechazar la acusación presentada.

Cuidar a nuestros jueces y preservar su independencia es la mejor forma de cuidar nuestra democracia.

Juan Domingo Acosta, Rodrigo Aldoney, Carlos Balbontín G., José Miguel Barahona, Antonio Bascuñán, Leonardo Battaglia, Jorge Bofill, Ciro Colombara, Francisco Cox, Miguel Chaves, Samuel Donoso, José Ignacio Escobar, Alfredo Etcheberry, Jorge Gálvez, Patricio González, Davor Harasic, Luis Hermosilla, Nurieldín Hermosilla, Julián López, Juan Carlos Manríquez, Jean Pierre Matus, Gonzalo Medina, Cristián Muga, Luis Ortiz, Quiroga, César Ramos, Hugo Rivera, Marcelo Sanfeliú, María Elena Santibáñez, Miguel Schweitzer, Miguel Soto P., Francisco Velozo, Paula Vial, Jaime Winter, Gabriel Zaliasnik, Rodrigo Zegers.