Señor Director:

Con sorpresa leí la noticia sobre el examen que rindió Chile ante el Comité contra la Tortura.

La nota no dice que además de los temas que se mencionan hay dos de relevancia para este contexto. El primero, como apenas aparece en la última frase de la nota, que se reitera a los legisladores la necesidad de levantar el secreto de 50 años sobre los testimonios y antecedentes de las víctimas de prisión política y tortura. Esto, porque la prohibición de la tortura es absoluta y la obligación de investigar y sancionar es una de las formas en las que se traduce la misma. Si el Estado impone el secreto al punto de impedir que los tribunales de justicia hagan su trabajo, se incurre en responsabilidad internacional. Se señala que esto iría contra aquellas personas que solicitaron que sus antecedentes no se conocieran, cuestión que evidentemente es un aspecto a proteger y que se encuentra considerada en el proyecto actualmente en segundo trámite constitucional en la comisión de Constitución en el Senado, sin movimiento, desde que se le quitara la urgencia durante el actual gobierno.

El segundo punto, del que nada se dice, es que en relación con la tortura -que en términos de ilícito es a lo menos igual de grave que la desaparición forzada y ejecución arbitraria, más aún en contextos de crímenes de lesa humanidad-, el Comité contra la Tortura reitera, a propósito de la necesidad de derogar la Ley de Amnistía, que el Estado debe velar por que las leyes excluyan la posibilidad de conceder dicha amnistía a las personas condenadas por dichos delitos o cualquier otro tipo de indulto que vulnere las disposiciones de la Convención.

Lorena Fries
Coordinadora Programa de Derechos Humanos Instituto de Igualdad