El rechazo al nombramiento de Mauricio Rojas como ministro -por sus opiniones respecto del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos- plantea el problema de cuáles son las relaciones que median entre la historia y la memoria.

Para saberlo y reflexionar sobre este problema a la altura que merece, es inevitable un breve rodeo.

La conciencia moderna se caracteriza (como han sugerido Gadamer o Koselleck) por una recepción reflexiva y distante del pasado y de la tradición. Al revés de los antiguos que veían en la historia una secuencia que se repetía (y por eso la historia era concebida como maestra de vida), los modernos piensan la historia como un acontecer cuyo significado está sometido a permanente reflexión. Como la conciencia del tiempo de un moderno suele estar volcada al futuro, los hechos pasados o transcurridos pierden peso por sí mismos, se despojan de la autoridad del eterno ayer, dejan de equivaler a una simple tradición, a un simple legado que se recibe con cuidado y con esmero, o en cambio con horror, y pasan a ser un puñado de hechos o acontecimientos que se someten a permanente reflexión e interpretación. La moderna conciencia histórica es por eso, en algún sentido, relativista: en la medida que siempre los hechos son sometidos a interpretación, a la indagación de su sentido y sus causas, dejan de tener un significado único o firme, y pasan una y otra vez a ser interpretados. De ahí que la historia, entendida como disciplina, sea estrictamente contemporánea: es el esfuerzo de ajustar el significado de los hechos a la conciencia del presente (que incluye siempre una perspectiva de futuro).

Ese destino reflexivo de la moderna conciencia histórica también alcanza a la violación de los derechos humanos acontecida en Chile durante la dictadura. Esas violaciones también están entregadas a la conciencia reflexiva.

Por eso es inevitable que en una sociedad abierta, como es la sociedad chilena, se discutan el significado y las causas de esos acontecimientos hasta ajustarlos finalmente a la conciencia contemporánea. Esa tarea les corresponde, desde luego, a la historiografía, al ensayo y a todos los quehaceres que son propios de la cultura, entregados, como corresponde en una sociedad democrática, a la libre investigación y a un debate abierto.

Pero, como es fácil comprender, ninguna sociedad puede construir la convivencia sometiendo a permanente reflexividad la totalidad de sus compromisos. La vida social no puede ser un jardín de dudas acerca de todo, en la que no existe ningún principio de orientación. Las sociedades requieren de ciertos principios incondicionales que orienten el quehacer y permitan, dentro de ciertos límites, juzgarlo.

Ahora bien, modernamente esos principios incondicionales son los derechos humanos. En una sociedad que ha visto diversificar sus convicciones últimas (v. gr. religiosas), los derechos humanos cumplen la función de trazar una línea entre lo que está sometido a negociación o a intereses estratégicos y aquello que escapa a todo cálculo y a cualquier circunstancia. Por eso, los derechos humanos pueden ser definidos como un coto vedado al Estado. El Estado y sus agentes no pueden invadir ese coto vedado por ninguna consideración o, si se prefiere, ninguna consideración, beneficio o consecuencia ulterior puede justificar o excusar la violación de esos derechos.

¿Es compatible ese principio -que los museos de la memoria intentan escenificar- con la libre investigación y el más abierto debate cultural e histórico?

Por supuesto que sí.

Una cosa es afirmar firmes principios de moralidad pública que orientan la vida en común (es el caso de los museos de la memoria) y otra cosa, distinta, es someter a reflexión el pasado, llamar a capítulo a lo que ocurrió a fin de inteligir sus causas y buscar explicaciones (que es la tarea de la moderna conciencia histórica y del debate cultural).

Pero no hay que confundir ambos planos porque ninguna explicación que se logre discernir deroga ni relativiza el principio moral que inspira a esos derechos, puesto que ese principio ha sido erigido para evaluar la facticidad y no se deriva de ella. Y ese principio moral, a su vez, no puede obstaculizar la reflexión histórica. Si lo hiciera, quedaría vacío, sin nada que orientar.

En la separación de ambos planos (que equivale a distinguir la conmemoración de la incondicionalidad, y la reflexión sobre aquello que la violó) se abre el espacio o el ámbito que llamamos libertad. Si los seres humanos fuéramos pura facticidad, si nos pensáramos simplemente como movidos por los hilos invisibles de la causalidad, simples muñecos o marionetas que olvidan lo que son, si la descripción de la vida se agotara en la explicación causal de lo que hacemos, no podríamos reprocharnos nada y cuando nos llamáramos libres, nos estaríamos engañando.

Por eso es un error severo confundir las causas que explican una conducta con las razones que la justifican. Si se las confunde, la libertad se suprime.

Los principios de la vida en común (los más importantes de todos, los derechos humanos) nos recuerdan que hay cosas que nunca debiéramos hacer o tolerar bajo ninguna circunstancia, que hay cosas que apelan solo a la voluntad y que incluso en los peores momentos, cuando no parece haber salida, siempre se puede escoger: entre la espada y la pared.

Subrayar una y otra vez esos principios -sin ahogar la reflexión histórica- es la tarea de la memoria de los derechos humanos.

Carlos Peña