Señor Director:

Hemos conocido los lineamientos principales del proyecto de financiamiento de sala cuna del Gobierno, cuyo objetivo es reemplazar el artículo 203 del Código del Trabajo. Existía hace años ya un consenso muy amplio sobre la necesidad de reformar esa política, que se traducía en un impuesto bastante significativo sobre el empleo femenino; por ende, punto a favor del Gobierno, que decidió enfrentar el problema. Se establece ahora un impuesto de 0,1% sobre la remuneración imponible de los trabajadores, con cargo al empleador.

Con datos de cotizantes y remuneraciones, este impuesto debería recaudar en torno a US$ 70 millones anuales, cifra que es inferior a lo que se estima sería el costo de proveer sala cuna a los hijos de trabajadores formales, por lo que probablemente sería necesario también un aporte estatal.

En términos generales, y mirando el vaso medio lleno, la propuesta es claramente mejor a la política actual, ya que no discrimina contra el trabajo femenino, y eso ya es un avance importante. Sin embargo, se trata de un nuevo impuesto al trabajo formal, en un contexto de bajo dinamismo en la creación de puestos de trabajo asalariados. Adicionalmente, afecta en mayor proporción a las pymes, la mayoría de las cuales no destinaba recursos a sala cuna, producto de un reducido número de trabajadores, y ahora sí deberán hacerlo.

Pero no solo preocupa el establecimiento de un nuevo impuesto, más complejo parece ser su destino. ¿En qué momento se perdió el valioso concepto de la focalización, destinando la recaudación tributaria a los sectores más vulnerables? ¿Por qué un impuesto que pagarán también trabajadores de bajos ingresos terminará financiando la sala cuna de sectores de altos ingresos que pueden pagarla? Es una lástima que en este tema se haya comprado el argumento de la gratuidad universal, cuando sabemos lo injusta que resulta en términos de equidad.

M. Cecilia Cifuentes Hurtado
Directora Centro de Estudios Financieros ESE Business School