Es evidente que Chile se encuentra en la mira del cibercrimen. Ello no es consecuencia del azar, y se debe a que nuestra economía se proyecta como la más tecnológica del subcontinente, dado el incremento sostenido en los niveles de bancarización, la multiplicación de servicios digitales, la penetración de tecnologías móviles y de sistemas de pagos online, los cuales hacen a nuestro sistema financiero un espacio atractivo para la ciberdelincuencia.

El malware insertado en el Banco de Chile, junto con el reciente robo de bases de datos con claves de tarjetas de crédito, constituyen advertencias que nuestro país debe tomar en cuenta para corregir nuestras evidentes vulnerabilidades no solo en el sistema financiero, sino en las diversas industrias y servicios públicos, esenciales para el funcionamiento del país.

Imaginemos por un instante las consecuencias de un ataque por denegación de servicio (DoS) a los procesos productivos automatizados de Codelco, al sistema de control aéreo, al Metro, a las empresas de telecomunicaciones o a las redes televisivas.

¿Por qué no imaginar lo que ocurriría si los servicios de salud sufrieran un robo masivo de sus bases de datos, con las enfermedades y datos sensibles de millones de pacientes? ¿O si el Registro Civil o el Servicio de Impuestos Internos colapsaran durante algunas horas?

Así las cosas, Chile necesita asumir que, si quiere ser parte de la economía digital y de la digitalización de los servicios públicos, se deben incrementar las inversiones en mejorar dichos sistemas con medidas de seguridad adecuadas para resguardar la continuidad de los servicios y la seguridad de los mismos. Ha llegado la hora de asumir la ciberseguridad como una política de Estado, es decir, dando continuidad a la política nacional de ciberseguridad, publicada en 2017, y materializarla a través de una estrategia nacional en la materia.

Para ello, se debe nombrar a un encargado 24/7, cuya primera misión sea realizar un completo levantamiento de informaciones, para así tener un diagnóstico claro sobre la seguridad de las redes de nuestra infraestructura crítica. Además, urge una coordinación con los reguladores sectoriales de las normas adecuatorias, junto con nuevas exigencias de inversión, para así proponer una institucionalidad moderna, ágil, eficiente y especializada, que actúe como entidad preventiva y reactiva frente a nuevas ocurrencias del cibercrimen.

Necesitamos un ente público especializado, capaz de auditar los niveles de ciberseguridad de nuestra infraestructura crítica, que frente a los ataques hacia alguna entidad posea las competencias para conocer las causas, magnitud y efectos de la agresión, con miras a corregir las vías de entrada y frenar al ciberdelincuente.

Es vital fomentar la formación de especialistas en ciberseguridad en Chile y en el extranjero, junto con hacer entender a los puestos decisionales, tanto del sector público como del privado, que la ciberseguridad no es un problema solo de "informáticos", sino que se trata de un inconveniente que puede abatir una empresa en su continuidad operacional y generar un irreparable daño reputacional.

La delincuencia, el terrorismo y las guerras ya no son como antes. Menos pasamontañas, armas y trincheras: hoy son especialistas, redes, tecnología y ataques a distancia. Por ello, debemos estar preparados para enfrentar este nuevo escenario, lo que supone un liderazgo capaz de conducir un proceso fundamental para asegurar la salvaguarda y continuidad de nuestra economía y seguridad nacional.

Felipe Harboe Bascuñán
Senador PPD