El machi Celestino Córdova -condenado por un crimen- obtuvo el permiso para visitar su rewe, el árbol tallado que en la cosmogonía mapuche representa el eje del mundo. ¿Fue correcto aceptar que esgrimiera las creencias de su cultura para excepcionarse, al menos por algunos días, de la pena que le fue impuesta?

La pregunta permite examinar algunos de los problemas asociados al multiculturalismo que -a pesar del buenismo del ministro Moreno o el pragmatismo levemente cantinflesco del ministro Larraín- asomarán cada vez con mayor intensidad.

Y es que no es fácil entender el permiso concedido a ese condenado.

Porque nadie aceptaría que un sacerdote del Opus Dei que ha cometido un crimen, reclame el derecho a visitar el santísimo de la parroquia que atendía y en la que cotidianamente celebraba la eucaristía. Todos dirían que el sacerdote puede perfectamente ejercer su libertad religiosa en la cárcel, asistiendo a misa, o, si el delito canónico lo permite, celebrándola. Pero ¿por qué debiera permitírsele salir -como se hizo con Celestino- un par de días a visitar su parroquia?

Se dirá que la decisión está justificada en parte porque sus víctimas (los hijos de quienes murieron quemados por obra en parte del propio Celestino Córdova) aceptaron se le diera el permiso. Pero esto es más absurdo todavía, ¿de dónde se saca que las víctimas son las dueñas de la pena estatal?

Si una decisión como esta se admite -podría, en fin, argüirse- no habrá manera de, mañana o pasado, evitar que los reos rematados se conviertan de pronto a las más extrañas creencias y que, amparados en ellas y a punta de huelgas de hambre, reclamen excepciones.

No parece caber duda. La decisión parece injustificable.

Pero cuando se la examina más de cerca, las razones a su favor aparecen.

Desde luego, las etnias minoritarias tienen derecho a que su identidad cultural sea respetada por la sociedad mayor de la que forman parte. Ello incluye la aceptación de todas las costumbres e instituciones que, seguidas voluntariamente por sus miembros, no son inconsistentes con los derechos humanos.

Lo anterior no solo sería una forma de reparar las injusticias históricas que sus miembros han padecido -y que van desde el arrebato de sus territorios a la prohibición de emplear su lengua en los espacios públicos-, sino una manera de respetar la individualidad de cada uno de ellos. Celestino Córdova ha estructurado su identidad, lo que él es y la forma que tiene de situarse en el mundo, sobre la base de sus creencias. Y no parece razonable dañar su dignidad más allá de lo que permite la pena penal. Es verdad que Celestino Córdova cometió un crimen; pero él no solicitó que se le condone la pena en razón de sus creencias (algo así sería obviamente inaceptable: nadie puede esgrimir su cultura para cometer delitos y quedar impune), él solo pidió se le dejara, mientras la cumple, ser quién él es: un Machi encarcelado por un crimen que, cada cierto tiempo, visita su rewe.

Nada de lo anterior es equivalente a lo que ocurriría con otras creencias, como sería la del Opus Dei del ejemplo imaginario.

El Opus (o cualquier otra creencia semejante) no forma parte de las creencias constitutivas de una etnia históricamente maltratada. Y si bien muchos de los miembros de esa orden han llegado a estructurar su identidad sobre la base de adscribir a ella, no se observa en la sociedad chilena ninguna forma de opresión para practicarla, y a diferencia del rewe (y afortunadamente para sus cultores) el Dios cristiano es ubicuo y puede encontrársele en cualquier parte, sin necesidad de traslado alguno como, en cambio, lo demanda la creencia de Córdova.

Hay, pues, diferencias importantes entre las opciones culturales que compiten en el mercado de la cultura, y las formas de vida que con una porfía mantenida por siglos han logrado sobrevivir.

Lo que el caso de Celestino Córdova pone de manifiesto es, pues, un asunto de justicia política que volverá una y otra vez: la forma en que la sociedad nacional debe tratar a las formas de vida minoritarias que han retrocedido como consecuencia de una aculturación forzada. Y ello, aunque uno de sus miembros, y que hoy reclama respeto por lo que cree, haya sido condenado por un crimen.