Un lastre históricamente arrastrado por sectores de la izquierda chilena ha sido su ambigüedad frente a disyuntivas que han puesto en juego la adhesión a los valores democráticos y del Estado de Derecho, por una parte, y las lealtades ideológicas o personales, por otra. La actitud -de silencio y en algunos casos de franco apoyo- de partidos de ese sector frente a las intervenciones militares de la Unión Soviética en Hungría y más tarde en Checoslovaquia fueron muestras de ello. También, la larga reticencia a condenar las violaciones a los derechos humanos en Cuba y la deriva autoritaria de Venezuela, cuyo régimen dictatorial sigue recibiendo la "solidaridad" de algunos dirigentes chilenos.

Es precisamente esa la cuestión de fondo tras la controversia por la carta de apoyo al ex Presidente brasileño Lula da Silva, suscrita por personalidades de izquierda. Lula se encuentra encarcelado luego de haber sido condenado en dos instancias por corrupción pasiva, dentro del megaescándalo conocido como Lava Jato, cuyas ramificaciones han golpeado en ese país a políticos de todo el espectro, además de a otros gobiernos y dirigentes de la región, e incluso han dado pie a investigaciones en Chile. Afirmando actuar "en defensa de la democracia en Brasil", los firmantes pidieron al Poder Judicial de ese país permitir que Lula se inscriba como candidato presidencial -pese a que una ley impulsada por él mismo le impide hacerlo, dada su condición procesal- y cuestionaron la legitimidad de la elección si él no participa. Si ya el contenido de la misiva llamó la atención, más lo hicieron los nombres de los suscriptores. Entre ellos, la ex Presidenta Bachelet (que esta semana reiteró en Brasil gestos de apoyo a Lula), el timonel del PS, ex parlamentarios y congresistas en ejercicio, y los actuales presidentes de la Cámara y el Senado. Aunque estos han dicho actuar a título personal, se trata de una separación de roles que la ciudadanía no entiende y que hubiera demandado un mínimo de prudencia antes de firmar un texto que -como ha hecho ver el embajador brasileño- ofende a las instituciones de un país democrático y amigo de Chile.

Los argumentos dados por los impulsores de la misiva solo han agravado el asunto, al comparar la situación de Lula -investigado por un Poder Judicial independiente, reconocido como un bastión del Estado de Derecho- con la de los dirigentes opositores venezolanos, perseguidos por la dictadura de Nicolás Maduro. En ese sentido, es destacable la actitud de algunos -muy pocos- líderes como Camilo Escalona y Ricardo Lagos Weber, que han tenido consecuencia para objetar la carta. El primero cuestionó que -al participar sus principales dirigentes- el PS pudiera verse involucrado institucionalmente en lo que "no es una buena causa", mientras el segundo reveló cómo los gestores de la "inadecuada" misiva ejercieron "mucha presión" para conseguir apoyos. Más allá de esas voces, resulta desconcertante que un sector político que durante las últimas tres décadas efectuó un ejercicio de renovación y contribuyó al éxito de la transición democrática reincida en antiguas y lamentables contradicciones.