En los últimos días, los medios de comunicación locales difundieron opiniones y manifestaciones de ciertos líderes políticos chilenos, relativas al Poder Judicial brasileño y a las decisiones tomadas en el ámbito de sus respectivas instancias.

Aunque varias de estas declaraciones puedan ser enmarcadas como propias del juego político, algunas se han mostrado irrespetuosas a las instituciones democráticas en Brasil y desconocedoras de su funcionamiento.

Ante eso, es mi deber compartir informaciones y reflexiones con el pueblo chileno, históricamente amigo y cercano al pueblo brasileño en sus valores y aspiraciones.

Brasil, así como Chile, pasó por un proceso de redemocratización en los años 80. En el caso brasileño, una asamblea constituyente aprobó una nueva Constitución para el país, lo que garantizó un orden democrático, así como la construcción y consolidación de instituciones fuertes e independientes, como lo es hoy el sistema judicial brasileño.

En los recientes gobiernos, a lo largo de los últimos años, los poderes Legislativo y Ejecutivo brasileños realizaron esfuerzos de modernización de la legislación, dotando al Poder Judicial de instrumentos más efectivos de combate a la corrupción, por medio de nuevas leyes e instrumentos de investigación, entre ellos, la llamada "ley de la ficha limpia", la cual impide la participación en elecciones de personas condenadas con penas confirmadas por la instancia colegiada revisora (segunda instancia).

En ese nuevo contexto, la Policía Federal, el Ministerio Público y la Justicia realizaron investigaciones que condujeron a la condena de personas involucradas en casos de corrupción. Estos procesos, de profundidad y amplitud inéditas en Brasil, alcanzaron a empresarios y funcionarios de empresas públicas y privadas, así como a líderes políticos de las más variadas orientaciones. En algunos casos resultaron en absolución; en otros, en condenas y penas de prisión, sobre la base del principio de que todos son iguales ante la ley. Todos contaron y cuentan con la garantía y el ejercicio del derecho de defensa y de recurrir a instancias revisoras. El Poder Ejecutivo no es parte ni agente en esos procesos, ni tampoco intermedio para un Poder Judicial independiente.

Teniendo presente ese cuadro, merecen repudio alegaciones infundadas, que buscan confundir hechos, deslegitimar selectivamente decisiones legales y ofender a instituciones de un Estado democrático. Particularmente impropias en ese sentido fueron las declaraciones del señor Carlos Ominami, en una entrevista en el programa "360 grados", de CNN Chile, el 18 de julio pasado.

Los líderes políticos responsables conocen el valor de la democracia y respetan sus instituciones e instrumentos, ya sea en su país o en cualquier otro.

Carlos Duarte
Embajador de Brasil en Chile