El anunciado proyecto de construir una torre con 85 departamentos de "vivienda social" en Las Condes ha causado revuelo en la opinión pública. De inmediato apareció un grupo de vecinos organizando una protesta que pasará a la historia por su mezquindad y prejuicios, pues todos sus argumentos son falsos. La pretendida merma en valor de sus propiedades a causa de eventuales vecinos imaginados indeseables es una falacia: la plusvalía de un barrio no depende de un vecino, sino de la localización, calidad del equipamiento, servicios, espacio público, transporte; y en eso este barrio solo podrá valorizarse. Tampoco es creíble el reclamo por el tamaño del edificio, en un barrio donde se han construido iguales por decenas. La protesta es, en realidad, la expresión de un clasismo visceral y desvergonzado. Por otra parte, es importante aclarar que no se trata en ningún caso de "viviendas sociales" (término que se presta a confusión y que esta vez es utilizado, me temo, con fines propagandísticos), sino de viviendas económicas para la clase media, tal como están definidas legalmente; de buen tamaño y calidad, aptas para un subsidio específico para ese segmento.

Más allá de las reacciones al anuncio, llama la atención que el dilema de la integración social urbana se presente como una novedad en Santiago, y que este proyecto sea visto hoy como una innovación. Parecemos olvidar numerosos conjuntos de vivienda económica en Santiago levantados por la Cormu y Empart hasta los años 70, o gracias a gestiones municipales: Colón Oriente, Vital Apoquindo, Villa La Reina, las torres de Fleming, la remodelación San Borja, Mapocho-Bulnes, Polígono de Tiro, Villa Portales... Aunque siempre pareció insuficiente, Chile tiene una larga historia de política de vivienda para la integración social que data de 1906 y que se desarrolló de manera ininterrumpida a lo largo de sucesivos gobiernos hasta la dictadura, que interrumpió este proceso, propició un fenómeno inverso (de agudización de la segregación urbana mediante políticas de "erradicación" y el desmantelamiento del Estado como actor fundamental en la provisión de vivienda social y económica de calidad y bien localizada) y convirtió el desafío de la integración social en anatema. Tal vez el ejemplo más dramático de dicha involución se encuentra precisamente en Las Condes, donde se levantó la Villa San Luis, un conjunto de mil departamentos de buena calidad destinado en propiedad para pobladores de la misma comuna que, luego del golpe de Estado, fueron desalojados por el Ejército y dispersados en la periferia de la ciudad. Más tarde, esos edificios fueron demolidos y los terrenos vendidos a inmobiliarias privadas. Hoy sabemos que si dispusiéramos para la vivienda económica de todos los terrenos fiscales bien localizados que existen, y si además destináramos un porcentaje del stock inmobiliario para el subsidio a la clase media, tal como en el mundo civilizado al que aspiramos parecernos, en pocos años resolveríamos este trauma de desigualdad que a diario empaña nuestras esperanzas de modernidad y progreso.