El semestre académico se está cerrando con otra muy mala noticia para la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Justo en el momento en que la corporación cumple 130 años de vida y alcanza sus mejores posiciones históricas en los rankings internacionales, la rectoría decide promover y logra aprobar un proyecto que otorga a los estudiantes derecho a voto en los órganos colegiados. Solo dos decanos, Derecho y Economía, votaron en contra.

Por este año, solo será así en el Consejo Superior, pero el rector nos avisa que, ya desde el próximo, tres, cuatro o cinco facultades podrán incluir esa misma atribución estudiantil en sus respectivos consejos o en los de las unidades académicas -escuelas o institutos- que las integran.

En las tres dimensiones implicadas en una cuestión como esta, la doctrinal, la prudencial y la histórica, no puede pasar sin crítica el grave error que se ha cometido.

Desde un punto de vista doctrinario, ¿cabe alguna duda de que solo deben participar en la toma de decisiones quienes tengan la competencia para hacerlo? Los asuntos universitarios son de una complejidad tal que exigen una especial cualificación, que los alumnos, por definición, no tienen. Pero, además, en el caso de las universidades católicas, hay una serie de decisiones antropológicas y morales respecto de las cuales solo están habilitados quienes supuestamente han pasado los "filtros" de seguridad doctrinal (directivos, decanos, profesores), cosa que de ningún modo sucede con los alumnos, quienes son elegidos por sus compañeros sin que a los candidatos se les pida afirmar coherencia alguna con el ideario institucional. Obvio: están de paso.

En la dimensión prudencial, ¿es tan difícil vislumbrar que la inclusión de los alumnos con un muy limitado número de votos incentivará la petición y presión por conseguir importantes porcentajes de participación en todas las restantes instancias de la universidad, lo que a su vez generará la petición y presión consiguiente de los funcionarios? El mismo presidente de la FEUC lo ha expresado con toda claridad en la sesión del Consejo Superior, al declarar que esto es solo el comienzo. Y el propio rector nos avisa que ya está pensando en términos de porcentajes: el voto estudiantil no debiera superar el 10%, nos previene, aunque nos asegura que no se quiere promover la triestamentalidad. Pero, ¿cómo se la podría evitar, dada la obvia dinámica de estos procesos? ¿No está esta misma rectoría dialogando "institucionalmente" con quienes se tomaron la Casa Central y, por lo tanto, no es hoy acaso prisionera de una parte violenta del movimiento de algunos estudiantes? ¿Es tan difícil imaginar el flujo de presiones análogas que esta misma rectoría recibirá en materias de cogobierno, considerando además que una parte muy significativa de sus alumnos no comparte el ideario de la PUC?

Y, en esta perspectiva, ¿no resulta más que ingenuo no considerar la posibilidad de que los partidos y movimientos políticos vuelvan a mirar a la universidad como un botín a conquistar?

Finalmente, un poco de historia; sí, de esa que hoy no parece ser la maestra de la vida para algunos en la PUC.

La universidad ya vivió un desastroso período de democratismo asambleístico entre 1967 y 1973, dañando su vida académica, su convivencia interna, su servicio a Chile. En vez de comunidad, tuvimos discordia; en vez de participación, tuvimos conflicto; en vez de excelencia, tuvimos mediocridad (en una facultad, mediante el voto estudiantil y administrativo combinados, se cambió hasta el contenido de los exámenes de grado).

Cuando se juntan la debilidad doctrinal, la imprudencia y la carencia de sentido histórico, mal vamos.