Es evidente la legitimidad de las demandas centrales del movimiento feminista de estos días. Más allá de alguna formulación discutible, las igualdades que reclaman y el derecho a no ser interferidas en sus vidas por abusos, acosos y discriminaciones son planteamientos justos que deben ser adecuadamente atendidos. Las acciones de carácter político que buscan dar visibilidad a esas demandas son a su vez esperables, como una manera de promoverlas y acelerar la posibilidad de su cumplimiento.

Con todo, dichas acciones se vuelven repudiables cuando interfieren en los espacios de acción de otros. Las tomas y paros prolongados en universidades se inscriben en este ámbito. El movimiento feminista, como otros antes, ha abusado de este recurso en un número importante de planteles y facultades. No deja de ser una paradoja, toda vez que revela una falta de reconocimiento y respeto hacia los demás integrantes de la comunidad académica, que es, precisamente, el reclamo que el propio movimiento les formula a las casas de estudios. Pero se trata, además, de actos coercitivos, que no se condicen con el espíritu de las instituciones de las que se han apropiado.

Si hay algo que caracteriza a la universidad es el uso deliberativo de la razón. La fuerza no tiene cabida en esas circunstancias y espacios. Lamentablemente, sin embargo, muchas autoridades universitarias han tendido a legitimar este tipo de acciones, al permitir que ellas se prolonguen en el tiempo. En rigor, ninguna universidad puede aspirar a ser tal si permite la normalización de los actos de fuerza, pues ello supone una renuncia a su quehacer más fundamental. Por cierto, algunas reivindicaciones extremas, como las que pretenden limitar y someter el trabajo académico a las pautas de lo "políticamente correcto" también amenazan ese mismo principio. En este sentido, llama la atención la escasa reflexión de las autoridades universitarias respecto de las situaciones que han afectado a sus casas de estudio. Sin duda, ha habido excepciones, pero los organismos más emblemáticos, como el Consejo de Rectores, no han tenido pronunciamientos precisos y contundentes.

Así, las tomas y paros se han ido convirtiendo en nuestro país en parte de la "vida universitaria", dañando la credibilidad de las instituciones de educación superior como ese espacio donde la razón tiene un lugar excepcional. En la experiencia comparada, al analizar la situación de las mejores universidades del mundo, las acciones coercitivas se encuentran habitualmente excluidas de las demandas estudiantiles. No porque estas no existan, sino porque se entiende que, ante peticiones legítimas y adecuadamente sustentadas, una deliberación razonada permite ir abordándolas de manera gradual. Las acciones de fuerza, en cambio, desconocen la idea de universidad. Muchas de nuestras comunidades universitarias, particularmente sus autoridades, no parecen darse cuenta del daño que le infligen a esa idea con su condescendencia hacia las tomas y la prolongación de los paros.