Pocas políticas públicas generan más controversia que los impuestos. No es de extrañar, ya que tienen efectos económicos, jurídicos y redistributivos no solo por su origen, sino también por su destino. Reconociendo que la ciencia jurídica tiene mucho que aportar, el análisis económico es indudablemente el más relevante para determinar los reales efectos en eficiencia y equidad de los impuestos. Los economistas sabemos (o deberíamos saber) que "los impuestos no los paga aquel a quien la ley define como contribuyente, su incidencia depende de las elasticidades de oferta y demanda de bienes y factores". Esto me parece esencial en la discusión tributaria que se avecina, por cuanto el principal argumento de la oposición para no reducir los impuestos corporativos es que eso significa bajarles los impuestos a los ricos. Pero eso no tiene por qué ser así; de hecho, lo más probable es que sea falso. Es cierto que es la empresa la que hace el cheque al SII, y también lo es que cuando se sube el impuesto de Primera Categoría, y en el corto plazo los dueños de las empresas se ven afectados con una carga mayor, pero en el mediano plazo, relevante para el análisis, el resultado más probable es que sean los trabajadores y los consumidores los más afectados.

El "traspaso" de la carga tributaria ocurre de una manera bastante evidente. En un mundo globalizado con altísima movilidad de capital, la menor rentabilidad que generan en el corto plazo impuestos más altos empieza a ser "corregida" por sus dueños a través de menores reajustes salariales, y si se trata de bienes y servicios no transables, a través de mayores precios, hasta el punto en que la rentabilidad sea la exigida de acuerdo al riesgo. Y si no se pueden ajustar precios o salarios, entonces el capital emigra, lo que reduce el crecimiento y la contratación. ¿Quién pagó entonces los mayores impuestos? Probablemente algo fue pagado por los dueños de las empresas, pero seguramente la mayor incidencia termina recayendo en sus trabajadores y consumidores, aun cuando la información contable y tributaria siga estableciendo que los impuestos son pagados por la empresa, y sean esos los números que, equivocadamente, se utilizan para determinar los efectos redistributivos de los impuestos. A esos cálculos les faltan los efectos de largo plazo de los impuestos en empleo, salarios y precios.

No es fácil calcular correctamente la incidencia de los impuestos, necesitaríamos complejos modelos de equilibrio general, pero sí podemos ver empíricamente los efectos de distintas políticas tributarias. Un caso evidente es nuestra propia experiencia, tanto con la reducción de impuestos decretada en 1984 como con la reciente alza. La significativa reducción de impuestos corporativos en la reforma tributaria de 1984 se tradujo en un aumento importante de las tasas de ahorro e inversión en Chile (a pesar del elevado riesgo político del período), a lo que contribuyó también el cambio en el sistema previsional. En efecto, la tasa de ahorro nacional pasó de un promedio de 14% del PIB entre 1960 y 1980 a 19% entre 1985 y 1990. La tasa de inversión subió también en forma equivalente, lo que permitió un salto en las tasas de crecimiento a partir de 1986. Por otra parte, es innecesario mencionar el efecto de la reciente alza tributaria, pues es evidente que los más afectados no fueron los grandes empresarios.

Un caso aún más notable es el de Irlanda, que de ser hace un par de décadas uno de los países de menor ingreso en Europa, ha superado a Luxemburgo como el país de mayor productividad laboral por hora en el mundo. La reducción de impuestos a las empresas ha sido clave en este resultado. En un período de 16 años, entre 1987 y 2003, este país redujo la tasa de impuestos corporativa de 50% a 12,5%, lo que le ha permitido aumentos importantes de las tasas de ahorro y de inversión, siendo también uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo. Ha sido tan importante el dinamismo de la actividad, que se cumplió lo postulado por la curva de Laffer, ya que la contribución de los impuestos corporativos se ha duplicado en relación con el PIB, de niveles de 1,5% antes de la reforma a más de 3%. En el intertanto, el índice Gini también ha mejorado.

En definitiva, es incorrecto decir que por bajar la tasa de impuestos a las empresas favorecemos a los ricos, por el contrario, beneficiamos a todos los chilenos. En consecuencia, la discusión debería ser más bien en torno a cómo hacemos más eficiente el gasto público para devolverles esos recursos a trabajadores, consumidores y empresarios, ya que seguramente ellos les darán mejor destino que la burocracia estatal de turno.

Cecilia Cifuentes