Cinco ejes se han podido vislumbrar en la agenda educacional del actual gobierno. La idea de avanzar en una educación inicial de calidad, incluyendo universalidad en la sala cuna, es uno de ellos. Se suma a esto un nuevo sistema de financiamiento de los estudiantes en educación superior, que fue recientemente anunciado. En tercer lugar, el fortalecimiento de la educación técnico-profesional, que incluyó en los primeros días de gobierno el envío de un proyecto de ley que aumentaba la gratuidad hasta el séptimo decil para los jóvenes que asistían a esta modalidad educativa terciaria. Como cuarto eje se ha señalado el de abordar la deserción escolar, que hace que esté graduándose solo un 84 por ciento de los jóvenes de la educación secundaria, a pesar de ser esta de carácter obligatorio. Por último, dirigir el foco de la política educacional hacia la sala de clases, para asegurar una mejoría continua en la calidad de la educación escolar. A estos ejes, el Gobierno, por medio de una comisión de equidad de género, ha agregado la revisión de las políticas educativas para suprimir eventuales sesgos y discriminaciones.

Por cierto, a ello hay que sumar la implementación de un conjunto de reformas que se llevaron adelante en la administración pasada. La puesta en marcha de la desmunicipalización, la reforma de la educación superior y el seguimiento de la carrera docente ocupan en sí mismos una gran proporción de los recursos humanos y financieros del Ministerio. Se ha acumulado evidencia, además, de que el mecanismo de selección legislado para las postulaciones a los planteles subvencionados requiere de algunos cambios relevantes. Es evidente que en un área compleja, como lo es la educación, no basta con legislar una iniciativa, sino que se requiere un cuidadoso monitoreo para asegurar la correcta aplicación de las reformas.

En ese contexto, es difícil para el ciudadano común tener una mirada relativamente clara sobre el horizonte futuro de la educación chilena. Sería interesante que las autoridades educacionales actuales pudiesen delinear dicho horizonte, proyectado en una década, de modo de reflejar, con todas las restricciones que este ejercicio tiene, a qué aspiramos y cómo las distintas reformas aportan a esos objetivos. En este sentido, sería provechoso contar con indicadores que permitiesen evaluar los logros y dieren origen a medidas correctivas en las políticas cuando ellos disten de ser satisfactorios. Las iniciativas de este gobierno y de otros en el futuro se podrían contrastar con esos propósitos. Además, deberían explicarse en esas claves. Ello ayudaría no solo a orientar el debate educacional, sino también a transparentarlo. Por cierto, el horizonte debería ir actualizándose a medida que pasa el tiempo, y los gobiernos podrían ir sumando otros objetivos, incluyendo, si así lo estiman conveniente, algunos de carácter más ideológico.

En el caso particular del actual gobierno, ello ayudaría también a identificar mejor sus políticas educacionales, que aparecen algo desdibujadas en el contexto del debate actual. Es cierto que se acaban de completar apenas tres meses de gestión y que, además, hay avances claros en el delineamiento de la agenda, pero también es evidente que, más allá de los ejes mencionados, hay pocas precisiones, y tampoco están expresadas con suficiente fuerza las ideas que se quiere plasmar por la vía de cambios administrativos o legales. Por ejemplo, el Gobierno debería recoger con entusiasmo la evidencia y reclamo generalizado sobre la carga burocrática que imponen las actuales regulaciones a los directores de los planteles escolares. Ello no ayuda a la calidad de la educación. Un acuerdo para lograr una supervisión moderna de la educación chilena sería bienvenido.