Ayer el Gobierno propuso unificar en un instrumento estatal los créditos de la educación superior. Se sigue la línea de propuestas anteriores -del propio Piñera y Bachelet-, consolidando la gratuidad tal cual está formulada. Lo esencial es que se persigue sacar a la banca del sistema. Por eso, aún con sus límites, este hecho debe ser celebrado. Pero hay que ser responsables: los problemas de fondo del financiamiento de la educación superior siguen pendientes.

Por eso llama la atención la respuesta de la oposición. Un sector apuesta por abandonarla y acercarse al Gobierno, pero sin advertir los límites y debilidades del crédito propuesto. Quienes criticaron al "progresismo sin progreso" tampoco son capaces de plantear ideas progresivas en educación, ni hacen autocrítica alguna sobre la incorporación de la banca. En una posición aparentemente contraria, otro sector busca una crítica más aguda. Pero en la medida que la propuesta no deshace la herencia del gobierno anterior ni la gratuidad, sino más bien la proyecta, su crítica resulta insustancial. Alegan que Piñera copia el proyecto de Bachelet, y se quedan sin nada importante que decir.

Ambas posturas, en el fondo, desnudan la agonía de la Concertación. El Frente Amplio ha de tener una mirada más responsable y de largo plazo: tanto los dilemas del CAE como el déficit del Fondo Solidario (ex Crédito Fiscal) demuestran que la expansión de la educación superior chilena no ha tenido un diseño coherente ni un financiamiento estable. Es que el diseño subsidiario del Estado no funcionó como se pensó. La inicial fe en la autorregulación de los mercados (a la que rezaban tanto concertacionistas como derecha formal) fue dando lugar a dispares y pragmáticos instrumentos de apoyo financiero, que sumados unos sobre otros terminaron siendo peor que la enfermedad. Así comenzó una transferencia no calculada de recursos fiscales a la banca, y se consolidó una enseñanza terciaria masiva y lucrativa de baja calidad promedio.

La paradójica tendencia que subyace a estas medidas -de Lagos, Piñera y Bachelet- es que el déficit de financiamiento estructural de la enseñanza superior castiga a las buenas instituciones que investigan y cobijan estudiantes de bajos ingresos -es decir, a las públicas y a las privadas que tienen altos costos y son mayor aporte al país, dentro y fuera del Consejo de Rectores-, y premia a las segregadas "cota-mil" -que cobran sin límites e investigan menos- y al gran capital educacional, que funciona con bajos costos y atiende a jóvenes de sectores populares, recibiendo el grueso de los subsidios. Eso sin mencionar que se sigue evadiendo el problema de los profesionales ya endeudados. Retirado entonces el CAE, la porfiada realidad sigue ahí: ¿Cómo financiar un sistema de educación superior masivo, gratuito y de calidad?, ¿cómo resolver el problema de los ya endeudados? Ni la gratuidad como está formulada ni el crédito propuesto ahora son suficientes ni atacan el problema de fondo.

No se hará buena oposición con puros adjetivos o epítetos al Gobierno, sino al llevar los debates nacionales a la raíz de los problemas, proponiendo y concretando soluciones de fondo. Es deber de las fuerzas de cambio hacer una propuesta racional y coherente, de tal modo de superar una década y media de improvisaciones sobre un sistema que simplemente no funcionó como se quería. No se puede seguir esperando: apostar a un hipotético futuro gobierno es irresponsable con el país, con la educación y los endeudados. Hay que actuar ya.

Víctor Orellana
Fundación Nodo XXI
Ex vocero de educación de Beatriz Sánchez