Durante el mes pasado, diputados del Frente Amplio propusieron rebajar la dieta parlamentaria, aduciendo que su monto es muy alto en comparación con la existente en los países de la OCDE, reiterando un proyecto presentado el 2014 que no contó con voluntad política.

Los cargos parlamentarios fueron gratuitos en Chile hasta entrado el siglo XX, por ser función calificada de servicio público y la ejercieron quienes gozaban de una situación económica holgada o nivel profesional destacado. La inquietud por cambiar este escenario surgió de Arturo Alessandri, entre otras razones, para que los sectores medios pudieran acceder al Hemiciclo. Pero se requería una reforma constitucional bastante compleja. No obstante, en 1924 hubo parlamentarios empeñados en establecerla mediante una ley interpretativa y se tramitó rápidamente en la Cámara, allanándose el Senado a aprobarla en medio de una protesta inédita de la oficialidad joven del Ejército -el "ruido de sables" -, por considerar la medida una tropelía, dado el estado financiero del país y de la propia institución. Así, la Constitución de 1925 instauró que debía ser materia de ley, fijándose transitoriamente la dieta en $2.000 mientras se dictaba, obstaculizándose su modificación. Con todo, se demandaron gastos de representación y secretaría. Al final, solo en 1965 una ley la asimiló al sueldo base de los ministros de la Corte Suprema, más una asignación del 50% de ella.

La iniciativa contribuyó a democratizar el Congreso Nacional ciertamente y también a propiciar la creación de la profesión de parlamentario, siendo común que bastantes honorables hicieran una carrera de larga trayectoria.

La Constitución de 1980 terminó por regular la dieta en forma equivalente a la percibida por los ministros de Estado, agregando las asignaciones contempladas para estos, aunque de todos modos se añadieron nuevos estipendios, fundados en diversos criterios. Sin embargo, la mayor alza se produjo el año 2003, según los diputados que la impugnan, a propósito del episodio del pago de sobresueldos que redundó en reformas a la estructura de remuneraciones, para asegurar a altas autoridades públicas, como los ministros, una retribución salarial acorde a su desempeño y responsabilidad. Iniciativa que se tradujo en una asignación especial de 135% sobre la renta bruta mensual, suma que actualizada asciende a más de $9.000.000, añadiéndose sumas para gastos por otros conceptos.

Tanto la idea de Alessandri como la última medida corresponden a la misma regla. Que por la investidura del cargo e importancia del trabajo realizado en bien del Estado son funciones que deben ser necesariamente compensadas, para evitar prácticas corruptas o recibir incentivos que afecten la independencia del congresista. En este sentido, las críticas por el monto existen y comisiones parlamentarias se han esforzado por instaurar medidas para legitimar la función y tratado de regular la dieta, pero sin resultados efectivos sobre lo último, porque hay firmes opiniones contrapuestas.

Mas la malograda imagen del Congreso Nacional no se focaliza tanto en el tema, sino en la conducta demostrada por integrantes en el trabajo legislativo: la falta de rigurosidad y fundamentación a la hora de argumentar; carencia de estudio o información específica sobre proyectos de ley que se aprueban sin prolijidad; descalificaciones innecesarias; declaraciones pasionales y completamente irreflexivas. Y, lo peor, actuar ideológicamente en bloque por motivos extralegislativos o malas prácticas, como la interpelación obstruccionista a ministros o la oposición acérrima per se . Este asunto es más serio que la dieta. ¿Cuánto puede costar revertir el desprestigio de una institución tan relevante y cuáles pueden ser sus efectos? Para una democracia sana y robusta, como queremos, debiera ser ejemplo de eficiencia. ¿Se puede revertir? Dicen que es cuestión de mayor cultura y responsabilidad republicana.