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RenovarNoticias
Miércoles 16 de mayo de 2018
Retroceso de 30 años: cantidad de familias en campamentos equivale a la cifra de 1985
A 2017 se contabilizaban 40.541 casos y las regiones de Antofagasta, Atacama y Tarapacá mostraban los principales aumentos. El alto costo de los arriendos sería el principal motivo para llegar a esta situación.
Valentina González
"Las cifras son lapidarias", dice la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, mientras revisa los catastros que maneja su cartera sobre los campamentos en el país.
La información, que reúne datos del Ministerio de Vivienda (Minvu) y TECHO-Chile, muestra un retroceso de tres décadas en la lucha contra esta problemática. Según los datos 2017 de la fundación, 40.541 familias viven en campamentos. Una cifra casi idéntica a la que existía en 1985, de acuerdo con la comparación que hace Bienes Nacionales con los datos que el Minvu tiene de la década de los '80.
El balance se hizo a raíz del programa Chile Propietario, que busca regularizar y sanear inmuebles y terrenos. El plan abordará los ejes de pequeñas propiedades, loteos irregulares, bordes costeros, La Araucanía y, precisamente, campamentos.
El diagnóstico del ministerio en este último punto es crudo. Las familias en esta situación subieron 48% en los últimos seis años y el incremento se focalizó fuertemente en el norte del país. Antofagasta, por ejemplo, experimentó un alza de 487% desde 2011, año en que TECHO-Chile sitúa el último reporte emitido por el Minvu al respecto.
"Si es así, si las cifras efectivamente son (...), me parece un retroceso alarmante", advirtió Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo.
¿Quiénes y por qué?
De acuerdo a TECHO-Chile, el 60% de quienes llegan a un campamento lo hacen por los altos costos de los arriendos y el 30% porque ya no querían seguir como allegado.
Según datos del Centro de Investigación Social (CIS) en base a la encuesta Casen 2015, un alquiler podría requerir cerca del 45% de los recursos de un hogar del primer quintil, que perciben ingresos cercanos a los $263 mil.
"Chile crece económicamente, la pobreza ha bajado", dice Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile. "Pero al menos desde el punto de vista del concepto más operativo de campamento -posesión irregular del terreno, ocho o más familias contiguas y carencia de alguno de los servicios básicos-, esa población ha aumentado", añade.
Suelos más caros
Para Bowen, factores como el hacinamiento y el aumento del costo de los suelos han influido en esta tendencia. "Por lo tanto, también aumenta el precio de los arriendos", explica.
La vulnerabilidad de algunos sectores del flujo migratorio, creciente en los últimos años, también incidiría. Según los datos de la fundación, cerca de un tercio de las 2.400 nuevas familias que ingresaron a los campamentos el año pasado, eran inmigrantes.
Ante las cifras, Bowen enfatiza que los campamentos son "un síntoma" de problemas más profundos respecto de la conformación de las ciudades. "Cuando dejamos que el ordenamiento del suelo esté totalmente supeditado al mercado, no nos va bien para hacer ciudades justas", plantea.
Para la subsecretaria Bravo, el paralelo entre las cifras de 1985 y 2017 tendría también un trasfondo político. "Ambos (gobiernos) profundizaron en la agenda ideológica por sobre la social", dice. Según el balance que maneja Bienes Nacionales, un 33,4% de los habitantes de los campamentos son niños y adolescentes de hasta 16 años. "Eso no es progresismo. Es retroceder a lo que ellos (la izquierda) tanto reclamaron, y justificadamente", acusa.
Plan de trabajo
En los lugares ocupados, Bienes Nacionales tiene dos opciones. Regularizar los terrenos fiscales para que el Minvu construya viviendas sociales, o poner en orden la situación de los campamentos antiguos, siempre y cuando estén emplazados en lugares seguros.
Según cifras de TECHO-Chile, unas 18 mil familias vivirían en zonas de riesgo de derrumbes, cerca de torres de alta tensión u otros peligros.
Si el lugar es habitable, quedaría en manos de Vivienda habilitar servicios básicos.
En el marco del programa Chile Propietario, en las próximas semanas Bienes Nacionales catastrará el suelo de la zona norte del país con sus drones y así identificará los campamentos históricos, para iniciar allí los trabajos en conjunto con los gobiernos regionales.
A juicio de Bowen, la iniciativa de Bienes Nacionales podría abrir varias puertas, sobre todo para crear una suerte de "banco de suelos" disponibles para futuras viviendas sociales.
Bienes Nacionales detecta 98 inmuebles transferidos a la Conadi, cuya entrega a las comunidades indígenas continúa pendiente
En el marco del Plan Araucanía, que el Gobierno está impulsando con un equipo interministerial para enfrentar las distintas vulnerabilidades y problemáticas que aquejan a esta zona del país, Bienes Nacionales también está realizando catastros de los predios que han sido transferidos a las comunidades indígenas y que, en algunos casos, no han sido entregados de forma efectiva.
Según datos del diagnóstico y la caracterización de los predios fiscales, que el ministerio dio a conocer ayer al Presidente Sebastián Piñera, hay 98 inmuebles que fueron transferidos a la Conadi, y cuya entrega está aún pendiente a las comunidades indígenas.
Al no estar resuelta la situación de estas propiedades, donde hay ubicados, por ejemplo, cementerios y escuelas, no pueden postular a programas del Estado que puedan otorgarles beneficios para potenciar su desarrollo.
La subsecretaria de la cartera, Alejandra Bravo, destaca que el programa Chile Propietario responde a una inquietud del Gobierno de reforzar la dimensión social que puede trabajar Bienes Nacionales. "El Presidente nos instruyó que el territorio fiscal, que es de todos los chilenos, tuviese una especial preocupación", explica.
Esta mirada, plantea, tiene relación con presentar un rol solidario del Estado "activo y no pasivo".
"Es por eso que este programa nacional de regularización de la propiedad raíz contempla un aspecto en el que vamos a asumir una tarea que la ex Presidenta y la Nueva Mayoría dejaron en el total abandono. Ya no se habla de los pobres, sino que de los vulnerables. Pero ahí hay pobreza", asegura.
"Las cifras son lapidarias", dice la subsecretaria de Bienes Nacionales, Alejandra Bravo, mientras revisa los catastros que maneja su cartera sobre los campamentos en el país.
La información, que reúne datos del Ministerio de Vivienda (Minvu) y TECHO-Chile, muestra un retroceso de tres décadas en la lucha contra esta problemática. Según los datos 2017 de la fundación, 40.541 familias viven en campamentos. Una cifra casi idéntica a la que existía en 1985, de acuerdo con la comparación que hace Bienes Nacionales con los datos que el Minvu tiene de la década de los '80.
El balance se hizo a raíz del programa Chile Propietario, que busca regularizar y sanear inmuebles y terrenos. El plan abordará los ejes de pequeñas propiedades, loteos irregulares, bordes costeros, La Araucanía y, precisamente, campamentos.
El diagnóstico del ministerio en este último punto es crudo. Las familias en esta situación subieron 48% en los últimos seis años y el incremento se focalizó fuertemente en el norte del país. Antofagasta, por ejemplo, experimentó un alza de 487% desde 2011, año en que TECHO-Chile sitúa el último reporte emitido por el Minvu al respecto.
"Si es así, si las cifras efectivamente son (...), me parece un retroceso alarmante", advirtió Paulo Egenau, director social del Hogar de Cristo.
¿Quiénes y por qué?
De acuerdo a TECHO-Chile, el 60% de quienes llegan a un campamento lo hacen por los altos costos de los arriendos y el 30% porque ya no querían seguir como allegado.
Según datos del Centro de Investigación Social (CIS) en base a la encuesta Casen 2015, un alquiler podría requerir cerca del 45% de los recursos de un hogar del primer quintil, que perciben ingresos cercanos a los $263 mil.
"Chile crece económicamente, la pobreza ha bajado", dice Sebastián Bowen, director ejecutivo de TECHO-Chile. "Pero al menos desde el punto de vista del concepto más operativo de campamento -posesión irregular del terreno, ocho o más familias contiguas y carencia de alguno de los servicios básicos-, esa población ha aumentado", añade.
Suelos más caros
Para Bowen, factores como el hacinamiento y el aumento del costo de los suelos han influido en esta tendencia. "Por lo tanto, también aumenta el precio de los arriendos", explica.
La vulnerabilidad de algunos sectores del flujo migratorio, creciente en los últimos años, también incidiría. Según los datos de la fundación, cerca de un tercio de las 2.400 nuevas familias que ingresaron a los campamentos el año pasado, eran inmigrantes.
Ante las cifras, Bowen enfatiza que los campamentos son "un síntoma" de problemas más profundos respecto de la conformación de las ciudades. "Cuando dejamos que el ordenamiento del suelo esté totalmente supeditado al mercado, no nos va bien para hacer ciudades justas", plantea.
Para la subsecretaria Bravo, el paralelo entre las cifras de 1985 y 2017 tendría también un trasfondo político. "Ambos (gobiernos) profundizaron en la agenda ideológica por sobre la social", dice. Según el balance que maneja Bienes Nacionales, un 33,4% de los habitantes de los campamentos son niños y adolescentes de hasta 16 años. "Eso no es progresismo. Es retroceder a lo que ellos (la izquierda) tanto reclamaron, y justificadamente", acusa.
Plan de trabajo
En los lugares ocupados, Bienes Nacionales tiene dos opciones. Regularizar los terrenos fiscales para que el Minvu construya viviendas sociales, o poner en orden la situación de los campamentos antiguos, siempre y cuando estén emplazados en lugares seguros.
Según cifras de TECHO-Chile, unas 18 mil familias vivirían en zonas de riesgo de derrumbes, cerca de torres de alta tensión u otros peligros.
Si el lugar es habitable, quedaría en manos de Vivienda habilitar servicios básicos.
En el marco del programa Chile Propietario, en las próximas semanas Bienes Nacionales catastrará el suelo de la zona norte del país con sus drones y así identificará los campamentos históricos, para iniciar allí los trabajos en conjunto con los gobiernos regionales.
A juicio de Bowen, la iniciativa de Bienes Nacionales podría abrir varias puertas, sobre todo para crear una suerte de "banco de suelos" disponibles para futuras viviendas sociales.
LAS RAZONES
Según TECHO-Chile, el 60% de quienes llegan a campamentos lo hace por los altos precios de arriendos. Un 30%, porque vivía de allegado.
"Esto a mí me parece una contradicción con el discurso de la izquierda. Hablan de inclusión y nos heredaron estas cifras, que hablan de un Chile que no se condice con lo que ellos mismos han planteado".
ALEJANDRA BRAVO
Subsecretaria de Bienes Nacionales
"Gran parte de las problemáticas de poder acelerar la erradicación de los campamentos, es que no nos encontramos con suelos bien localizados y que a la vez sean accesibles para financiar viviendas sociales".
SEBASTIÁN BOWEN
Director ejecutivo de TECHO-Chile
Bienes Nacionales detecta 98 inmuebles transferidos a la Conadi, cuya entrega a las comunidades indígenas continúa pendiente
En el marco del Plan Araucanía, que el Gobierno está impulsando con un equipo interministerial para enfrentar las distintas vulnerabilidades y problemáticas que aquejan a esta zona del país, Bienes Nacionales también está realizando catastros de los predios que han sido transferidos a las comunidades indígenas y que, en algunos casos, no han sido entregados de forma efectiva.
Según datos del diagnóstico y la caracterización de los predios fiscales, que el ministerio dio a conocer ayer al Presidente Sebastián Piñera, hay 98 inmuebles que fueron transferidos a la Conadi, y cuya entrega está aún pendiente a las comunidades indígenas.
Al no estar resuelta la situación de estas propiedades, donde hay ubicados, por ejemplo, cementerios y escuelas, no pueden postular a programas del Estado que puedan otorgarles beneficios para potenciar su desarrollo.
La subsecretaria de la cartera, Alejandra Bravo, destaca que el programa Chile Propietario responde a una inquietud del Gobierno de reforzar la dimensión social que puede trabajar Bienes Nacionales. "El Presidente nos instruyó que el territorio fiscal, que es de todos los chilenos, tuviese una especial preocupación", explica.
Esta mirada, plantea, tiene relación con presentar un rol solidario del Estado "activo y no pasivo".
"Es por eso que este programa nacional de regularización de la propiedad raíz contempla un aspecto en el que vamos a asumir una tarea que la ex Presidenta y la Nueva Mayoría dejaron en el total abandono. Ya no se habla de los pobres, sino que de los vulnerables. Pero ahí hay pobreza", asegura.
