Semana confusa

Pese al masivo apoyo conseguido por el Presidente Sebastián Piñera y la coalición Chile Vamos hace solo seis meses, en torno a una oferta programática y de gestión bastante definida, en la última semana el debate público apareció movilizado por temas no solo ajenos a ese impulso político tan fuerte que marca los inicios de todo gobierno, sino además, por materias que tampoco responden a situaciones surgidas de la realidad coyuntural del país. La oposición, aunque no logra rearticular su unidad, ha sido exitosa, sin embargo, para promover como cuestiones prioritarias desde la identidad de género a la eutanasia, las que tensionan la unidad del oficialismo. Puesta en debate esta variedad de temas, que nunca estuvieron presentes en la reciente campaña presidencial, distintos grupos del oficialismo se sienten llamados a perfilarse en ellos, procurando inclinar al Ejecutivo en favor de una u otra posición.

Como es natural, esta dinámica provoca la relativa invisibilización de todo lo que causó el derrumbe de la Nueva Mayoría y el movimiento de respaldo a la centroderecha, como es la mala gestión administrativa y el deterioro del cuadro económico y de la seguridad del país. Y obviamente, se suma a otros factores de crítica que todo gobierno tiene, fruto de desprolijidades e incluso de algunos gustos, dentro de sus facultades, que abren flancos a su imagen. Pero lo esencial es que se dificulta al Ejecutivo marcar su sello en las prioridades que verdaderamente lo animan, como la búsqueda de un acuerdo nacional en torno a la protección de la infancia o el despliegue de una red de apoyo a la clase media y a los sectores vulnerables.

Los partidos de la coalición de centroderecha fueron desatendidos por La Moneda en la primera administración del Presidente Piñera, y ello acarreó graves daños al sector, pero el mismo efecto nocivo puede alcanzarse con una competencia desbocada de las colectividades por hegemonizar la acción del Ejecutivo, absurdamente, además, en temas prestados de la oposición. Lo visto en la semana es un llamado de atención.

Soltura de ex directivo de SQM

La reacción que suscitó la declaración judicial del ex gerente general de SQM Patricio Contesse permite apreciar lo mucho que ha cambiado la percepción del país sobre las prácticas políticas en los últimos años.

Dicha empresa se convirtió en uno de los símbolos del financiamiento irregular de la política, no solo por los montos comprometidos sino por el amplio espectro político -desde el mundo socialista a los partidos de centroderecha- que acudió al ex gerente general en busca de financiamiento. El episodio ha desnudado el pragmatismo de algunos agentes económicos en su apoyo a formaciones y figuras políticas muy ajenas a las afinidades ideológicas atribuidas al empresariado. Contesse explicó las motivaciones de su actuar señalando que estimaba "necesario apoyar la actividad política bajo cierto marco que iba más allá del Servel", en referencia a las restricciones que establece la regulación respecto del aporte económico a la actividad política y las campañas. La desaprensiva soltura de sus palabras para describir esta operatoria refleja precisamente lo habitual que ellas resultaban.

Con mirada de hoy, el público se sorprende también de la autonomía y discrecionalidad con que el ex ejecutivo habría definido los aportes económicos y los beneficiarios de sus apoyos sin reportar al directorio de la empresa ni a sus accionistas.

Si bien en el caso de SQM se concentran ingredientes que dan especial significación a sus relaciones con la entonces gobernante coalición de la Concertación, por su privatización durante el régimen militar y los vínculos familiares del controlador con la familia Pinochet, es probable que su manera de actuar y sus motivaciones no difieran sustancialmente de las demás empresas que han desfilado por el Servicio de Impuestos Internos rectificando sus declaraciones de impuestos y reconociendo la imputación de facturas y boletas que no correspondían a servicios efectivamente prestados a las compañías, sino al giro de recursos para actividades y campañas políticas. Los dardos y culpas recaen en todos los sectores políticos, pero no en todos los actores del sistema. La práctica es larga en sus orígenes, y durante décadas los gobiernos norteamericanos -preocupados de sus yacimientos de cobre-, el comunismo soviético y fundaciones europeas financiaron cuotas importantes de las campañas chilenas.

Se esperan nuevas declaraciones de Contesse en otras aristas de la investigación, y es probable que esta causa tenga un desenlace similar a otras de las investigaciones que se han ido cerrando en esta materia, con salidas alternativas y condenas remitidas, exceptuadas aquellas en que se investigan figuras de cohecho como las relacionadas con el sector pesquero. La decisión del SII de privilegiar la vía administrativa para resarcir al fisco de los daños patrimoniales causados por las facturas y boletas ideológicamente falsas, sin intentar sanciones penales a los involucrados, parece converger con las resoluciones adoptadas por la fiscalía.

Con todo, sería negarse a la realidad no aquilatar el daño que causó la develación de las relaciones impropias entre empresas y política para el prestigio de la actividad pública. La frondosa legislación para regular la actividad y las campañas políticas en su dimensión económica son un legado del mundo que se prefigura en las declaraciones de Contesse.