El pago oportuno de la facturación a las pequeñas y medianas empresas pymes es uno de los principales proyectos que tiene en carpeta el Ministerio de Economía con el fin de establecer que la fecha pactada en ese documento sea la de pago efectivo. Es probable que esta iniciativa se introduzca como una indicación al proyecto de ley que se tramita sobre esta materia en el Congreso.

El ministro de Economía ha aclarado que el objetivo del Gobierno no es fijar un plazo para el pago -la iniciativa en trámite establece 60 días para esos efectos, que bajan a 30 días en caso de alimentos frescos y perecederos-, sino que se cumpla el plazo que se establezca entre adquirente y proveedor, generando incentivos para ello. Si bien la fijación de plazos desde el Estado no es una solución ideal y tiene aspectos discutibles, no queda claro que el obligar a las empresas a cumplir el plazo que ellos mismos se dan vaya a resolver los problemas de discrecionalidad y abuso.

Dadas las asimetrías de poder de negociación, los proveedores pequeños han tenido que aceptar la imposición de las empresas -y del sector público-, y quienes no han podido sostenerse en esas condiciones se han visto imposibilitados de vender sus productos o servicios, ya que en los distintos mercados los grandes adquirentes se fueron alineando con los mayores plazos de pago.

Hay que tener presente que, de acuerdo al Ranking de Pagadores de la Bolsa de Productos y la Asociación de Emprendedores, las grandes empresas de nuestro país pagan a sus proveedores de tamaño pequeño y mediano en un plazo promedio no inferior a 56 días, período que se ha ido incrementando en el tiempo.

Diferir el pago por un producto entregado no solo es un acto de conveniencia ejercido por quien posee el mayor poder de negociación, sino que además afecta directamente la salud financiera y posibilidades de crecimiento de pequeñas y medianas empresas, grandes generadores de empleo.

En cualquier caso, más allá de la fijación legal de plazos máximos, hay prácticas de transparencia que pueden adoptarse y que tienen valor de cara a ciudadanos y consumidores más vigilantes del quehacer de los agentes económicos. Una de ellas es la obligación de las empresas de informar el promedio de días de pago a los proveedores. Desde el punto de vista de la reputación corporativa, a ninguna empresa le agradaría aparecer como "mala pagadora", desincentivando esa conducta y, por otra parte, premiando a quienes tengan un mejor comportamiento en esta materia.

Finalmente, es revelador observar que el Estado no tiene en esta materia un mejor comportamiento. De hecho, el 73% de los reclamos pendientes actualmente en ChileCompra corresponden a atrasos o problemas con pagos del Estado que debieron haber sido realizados en plazos no mayores a 30 días. En este sentido, es fundamental que se establezca que todos los servicios públicos y empresas del Estado se adhieran al sello Propyme del Ministerio de Economía, lo que implica que deben pagar antes de 30 días a sus proveedores pymes. Y para ello no se necesita proyecto de ley alguno.