Al parecer, la acusación del ministro de Justicia fue más un desliz desafortunado que el inicio de una pugna que quiso entablar deliberadamente.

No es primera vez que una autoridad política formula acusaciones desdorosas a los jueces. En 1970, el entonces prestigiado penalista Eduardo Novoa, en un documentado artículo, acusó a la Corte Suprema de ejercer una "justicia de clases". Con menos finura, el "Puro Chile" tituló "Viejos de Mierda". Según me relató un abonado testigo, el 12 de septiembre de 1973, la Corte Suprema celebró con champaña el golpe de Estado. El discurso de inauguración del año judicial del presidente de la Corte Suprema hizo una decidida defensa de la política represiva del Gobierno, llegando a afirmar que "Chile no es una tierra de bárbaros", para luego calificar los recursos de amparo que entonces se interponían como "un grave entorpecimiento para el adecuado funcionamiento de los Tribunales Superiores de Justicia", los que se veían abrumados en su trabajo por los recursos de amparo, distrayéndoles de asuntos urgentes de su competencia.

En los 80, la Iglesia Católica, el Grupo de los 24 y luego el Colegio de Abogados acusó al Poder Judicial de encontrarse en una grave crisis y de tener una actitud complaciente con las violaciones a los derechos humanos. La Corte Suprema descalificó esas críticas, haciendo ver que habían perdido toda serenidad al olvidar que ellos eran meros aplicadores de la ley, la que constituía para los jueces la razón escrita.

Juristas de derecha, en un libro del CEP, acusaron a la judicatura de malas prácticas y Jaime Guzmán reconoció que la reforma a la justicia era la "modernización pendiente". El Informe Rettig acusó a los jueces de haber facilitado las violaciones a los derechos humanos y la Corte retrucó que el informe era apasionado, temerario y tendencioso. El Presidente Aylwin afirmó que a los jueces les había faltado coraje moral y estos le respondieron que ponía en peligro el Estado de Derecho.

No es primera vez, entonces, que las relaciones entre el Judicial y el Ejecutivo se ponen ásperas. Lo inédito es que por primera vez se acuse a los jueces de izquierdistas.

Más allá de aciertos o desaciertos comunicacionales, ¿son los jueces chilenos en su mayoría de izquierda? Los jueces hoy no reciben telefonazos desde las esferas políticas para resolver de una determinada manera. Durante la dictadura, una parte no despreciable de la Suprema sí era dócil a las "sugerencias" del Ejecutivo acerca de cómo fallar causas de connotación política, y por la misma época también existen indicios de corrupción motivada por pagos ilícitos. Una acusación constitucional, acogida por motivos de corrupción a mediados de los 90, inició la limpieza, en la que terminó participando la propia Corte, al punto de que hoy prácticamente no se oye hablar de actos de venalidad en la judicatura. En este sentido, el Poder Judicial chileno se encuentra despolitizado y libre de corrupción, lo que no puede predicarse en varios países vecinos.

Pero es cierto que los jueces chilenos han cambiado, en su cultura y en sus valores. Tanto o más que el nombramiento por gobiernos de centro-izquierda, los cambió la detención de Pinochet en Londres. Judicaturas respetadas como eran la inglesa y la española les representó que no estaban a la altura.

Los valores y las preferencias de los jueces inciden en la forma que entienden el Derecho. Hoy, a diferencia de ayer, hay un número significativo de jueces que se sienten inclinados a la defensa del débil frente al poderoso: a la mujer frente al hombre, al trabajador frente al empleador, al acusado frente a la potestad punitiva del Estado. Eso explica que ya no se les acuse de derechistas sino de izquierdistas.

Como los valores, la cultura y cosmovisión de quienes ejercen la jurisdicción inevitablemente inciden en su forma de entender y aplicar el Derecho, se encuentra plenamente justificada la participación de órganos políticos en la designación de los jueces. Ciertamente, puede mejorarse su modo y trasparencia, pero la tarea no debe quedar jamás entregada a una especie de alta dirección pública. Esa pretensión, que ahora el ministro esboza, es más peligrosa que la acusación que hace al decir que la mayoría de los jueces son izquierdistas.

Jorge Correa Sutil
Abogado