No son del todo sorpresivas las reacciones críticas que ha suscitado la resolución del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el artículo 63 de la Ley de Educación Superior. Para fortalecer la prohibición del lucro -extendida ahora más allá de las universidades-, esa disposición buscaba impedir que instituciones de educación superior sin fines de lucro tengan controladores con fines de lucro.

El tribunal solo dio a conocer su veredicto, pues los fundamentos del mismo se conocerán a fines de mes con la publicación de la sentencia. Ahí se podrá debatir sobre la pulcritud de su razonamiento constitucional. De hecho, tal como lo ha tenido presente el presidente del Tribunal, si las críticas se refieren a la calidad jurídico-técnica de lo resuelto -en este o en cualquier caso-, es necesario que la institución se haga cargo de ello. Sin embargo, aquellas críticas que se refieren a la contradicción del fallo con la voluntad soberana emanada del Congreso en el proceso legislativo deben leerse con mesura. La función de control de constitucionalidad lleva ínsito ese efecto, de modo que precisamente su diseño pasa por contar con un órgano que pueda confrontar las leyes con el texto constitucional. Eso puede y debe producir que en ocasiones leyes emanadas del Congreso sean declaradas parcialmente inconstitucionales.

No puede perderse de vista que ha sido el propio Congreso, tanto a través de modificaciones constitucionales como dictando leyes, el que ha establecido el Tribunal y sus atribuciones y ha reconocido a la Constitución como la máxima norma de legitimación jurídica. Esa es precisamente una de las funciones que un tribunal de esta naturaleza debe cumplir. Si los debates acerca de la constitucionalidad o incluso las reservas de constitucionalidad juegan un papel más bien modesto en la discusión parlamentaria y suelen ser desatendidas en las votaciones, no parece razonable lamentarse cuando el Tribunal Constitucional ejerce sus atribuciones. Ello cobra especial visibilidad cuando ya se hace costumbre que las críticas respecto de su supuesto carácter "contramayoritario" suelen dejarse caer respecto de fallos adversos a los intereses del sector que las profiere.

Con todo, la intensidad del debate ha estado a la altura comunicacional de las materias objetadas por el tribunal, al grado que algunos dirigentes políticos de la oposición han intentado crear la idea de que el tribunal habría hecho caer la prohibición del lucro en las universidades, algo del todo extraviado de la realidad. Asimismo, se anuncian iniciativas y proyectos para reformar las competencias y conformación del Tribunal Constitucional. El fragor de la polémica política no es el escenario apropiado para un análisis institucional de esa jerarquía, aunque parecen existir materias en que existiría cierto consenso. Como lo ha hecho notar su presidente, no tiene sentido criticar la regla del voto dirimente en manos de su titular, mientras tengamos una conformación del tribunal que descanse en un número par de miembros. Del mismo modo, y tal como debería ocurrir en otros órganos del Estado, sería razonable establecer unos ciertos requisitos objetivos para sus ministros, que fueran más allá de la actual norma constitucional que exige solo la tenencia a lo menos de quince años de título de abogado y haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, lo que difícilmente puede escrutarse objetivamente. Un tribunal macizo intelectual y jurídicamente gozará siempre de un mayor blindaje frente a las críticas alimentadas por los conflictos político-coyunturales. Sin embargo, no debe perderse de vista que muchas veces el propio sistema político que dirige las críticas, pudiendo optar por juristas renombrados y transversalmente reconocidos, ha preferido en algunas ocasiones parear sus intereses a través de cuotas.

Por último, las críticas que pretenden atribuirle -al fallo- efectos indeseados o contrarios al modelo educativo que se cree correcto no parecen bien encaminadas. Este no puede ser el factor determinante para un Tribunal Constitucional, salvo que se le quiera transformar de facto en un diseñador de políticas públicas.