Señor Director:

En su columna de ayer, Gerardo Varela salió en defensa del Tribunal Constitucional y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 63. La columna parte desde la premisa de que este artículo no es necesario para terminar con el lucro, ya que dejaría de existir con el proyecto actual y que, de aplicarlo, el artículo 63 sería muy costoso para el sistema educacional, ya que expulsaría a las empresas de la educación.

El lucro ha estado prohibido legalmente desde los años 80. Pero, como quedó demostrado en el caso de la Universidad del Mar y en la investigación reciente en contra de Laureate, esta prohibición solo se cumplía en el papel, permitiendo que grandes corporaciones retiraran utilidades en vez de reinvertirlas en docencia, calidad e infraestructura. El ministro solo se refiere a lo legalmente correcto, pero como ministro y político tiene que entender que debe ir al fondo del asunto: que compañías sean dueñas de universidades va mucho más allá de cumplir o no con la "responsabilidad social del empresario"; esto tiene relación con entender que en la educación se juega el destino de miles de estudiantes y familias chilenas que han visto en la educación el medio para alcanzar mejores niveles de vida. Esta visión muchas veces no es compartida por grandes corporaciones que la ven como un simple medio para alcanzar la mayor cantidad de ganancias posibles.

Es por esto que el ministro no solo debe contentarse con cumplir la ley, sino que debe ir mucho más allá y poner todas las exigencias que sean necesarias para que no existan dudas de que el lucro abandonó la educación.

No podemos permitir que el lobo cuide a las ovejas.

Francisco Morales U.
Presidente FEUC