Una de las mayores dificultades de nuestro sistema de evaluación de impacto ambiental es que se han hecho impredecibles los resultados de sus tramitaciones y también los plazos para tener certeza de si un proyecto se puede o no llevar adelante.

Dada la heterogeneidad de los proyectos y la multiplicidad de variables que inciden en los mismos es difícil obviar un grado de incertidumbre respecto de la evaluación de sustentabilidad de cada uno de ellos. Pero si se percibe universalmente que el proceso no tiene un marco que permita estimar razonablemente esos riesgos, se puede transformar en un obstáculo para la presentación de proyectos que tal vez habrían tenido buenos estándares ambientales.

Sin desconocer las dimensiones políticas del problema, en distintos países se busca tener un análisis muy técnico y en lapsos sensatos de los proyectos que tienen impacto en el medio ambiente. Esa forma de proceder parece asegurar un mejor balance de los proyectos de inversión disponibles asegurando un mayor equilibrio entre crecimiento y protección del medio ambiente. En ese sentido, son interesantes las declaraciones del nuevo director del Servicio de Evaluación Ambiental, que parece dispuesto a moverse en esa dirección. Certera es su visión de que el sistema de evaluación de impacto ambiental no se puede traducir en un espacio de debate de políticas públicas, sino efectivamente de medición de los impactos. El Congreso es el lugar para tal discusión y no es tarea del Servicio hacer un juicio respecto de la institucionalidad y políticas vigentes. Esta "despolitización" no siempre ha estado presente y sería naturalmente bienvenida.

Es muy razonable también la idea de promover una participación ciudadana temprana que posibilite un diálogo antes de que se hayan tomado decisiones demasiado definitivas sobre las características de un proyecto específico. Ello produce confianzas que luego reditúan tanto a los inversionistas como a las comunidades en el proceso de evaluación de un proyecto específico. La experiencia internacional sitúa esta práctica entre aquellas que facilitan un proyecto de inversión con impacto ambiental. Además, en una fase temprana es posible identificar los intereses comunitarios más directos. En fases más tardías surgen voces externas que, a menudo, tienen un interés secundario en la zona afectada, pero que persiguen objetivos de otro alcance, diluyendo las apreciaciones de las comunidades locales.

Utilizando buenas prácticas que se recogen de la experiencia internacional, la labor del Servicio de Evaluación Ambiental ganaría en efectividad. En muchos casos, la aplicación de ellas no requiere de un cambio legal, sino que una forma de gestión renovada. En ese mismo espíritu podría, como ha sugerido la ministra Cubillos, resolverse en plazos breves la suerte de aquellos proyectos que tienen una baja o nula posibilidad de superar exitosamente una evaluación de impacto ambiental. Ello permitiría evaluar más apropiadamente los restantes proyectos y armonizar mejor las tensiones entre medio ambiente y crecimiento. Al mismo tiempo, aseguraría que no dejarán de presentarse proyectos valiosos que hoy día seguramente se restan frente a las incertidumbres existentes y a la incapacidad de predecir los costos de una tramitación llena de sorpresas.