Las dificultades para hacer realidad el Banco Unificado de Datos (BUD) en materia de seguridad pública es un ejemplo de las situaciones que alimentan visiones críticas sobre el funcionamiento institucional del país en el combate contra la delincuencia.

Hoy, sigue siendo posible que una persona que esté incumpliendo una pena en libertad, o se encuentre prófuga de la justicia, sea controlada por un policía y que este no se entere por no contar con la información en línea.

Resolver esto era el principal objetivo del BUD, impulsado durante el primer mandato del Presidente Piñera, puesto en marcha en enero de 2015, durante el segundo mandato de la Presidenta Bachelet, pero que hoy aún no se encuentra en pleno funcionamiento.

El BUD presenta exigencias de adecuación normativa para compartir informaciones, pero sobre todo, demanda voluntad de los titulares y funcionarios de las instituciones involucradas para hacer realidad esta modernización. Ella necesita una coordinación del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, del de Justicia, las policías, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Registro Civil, el Servicio Nacional de Menores y de Gendarmería para proveer los datos que alimentan el sistema, entre otros. Actualmente, la plataforma existe y funciona parcialmente. Aún está pendiente la aprobación de su reglamento, el que se encuentra en la Contraloría General de la República.

Los desafíos para transformar el BUD en una efectiva herramienta radican en hacer responsables a las instituciones involucradas por los resultados obtenidos con los cuantiosos recursos -más del 6% del presupuesto del Estado- que los chilenos le destinan al sistema penal. Eso puede vencer la resistencia al cambio y estimular los procesos analíticos o de toma de decisiones operativas de cada institución, siendo estas las que generan cambios en la realidad, no los datos.

Así, las auditorías externas que ahora pide Carabineros en materia de gestión financiera debiesen instalarse como práctica generalizada, pero sumándoles evaluaciones relativas a los resultados, con indicadores públicos y periódicos, y que den cuenta de la efectividad de sus acciones. A su vez, la Subsecretaría de Prevención del Delito, donde se encuentra radicada la parte analítica del BUD, debiese tener el mandato de usar la información para evaluar el funcionamiento del sistema procesal penal como un todo o de legislaciones, evacuando informes periódicos con recomendaciones de mejoras basadas en datos, no en intuiciones.

El caso del BUD como política de Estado contiene muchos elementos a considerar, tanto en el diagnóstico como en el diseño concreto de la modernización del Estado chileno, para lograr que la seguridad y la calidad de vida de los chilenos dejen de depender críticamente del ingenio, voluntad y persistencia de unos pocos emprendedores públicos, y pasen a ser el único norte del Estado como un todo.