Chile quiere ser un país desarrollado dentro de diez años, lo que implica cambios culturales profundos. La nueva Ley de Inclusión Laboral, promulgada el 2017 y que entra en vigencia el 1 de abril de este año, forma parte de ese proceso. La normativa tiene por finalidad promover una inclusión laboral de las personas en situación de discapacidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Para ser más exactos, todas las empresas con más de 100 trabajadores deberán contratar al menos el 1% de sus empleados con capacidades diferentes. A su vez, estas personas podrán acceder a esas fuentes de trabajo si están inscritas en el Registro Nacional de Discapacidad o tienen una pensión de invalidez. Es una gran noticia que todos debemos celebrar.

Según el Segundo Estudio Nacional de la Discapacidad, un 20% de la población mayor de 18 años vive en situación de discapacidad en Chile. Es decir, casi tres millones de personas tienen dificultades para insertarse en la sociedad, ya que el entorno se los impide y los inhabilita por sus condiciones físicas, intelectuales o sensoriales. El problema es aun más grave cuando vemos que un 57,2% de estas personas no participan en el mercado laboral, limitando su desarrollo personal, crecer y acceder a una vida plena.

Más allá de la normativa, y de su complicada implementación, esta pone sobre la mesa una problemática real que ha estado siempre presente en nuestra sociedad y que -por torpeza- hemos preferido mantener al margen. Pareciera ser más fácil criticar los desaciertos y puntos débiles de la ley que aplaudir una iniciativa que busca resolver los principales dilemas éticos y prácticos que enfrentan, a diario y en soledad, los familiares que conviven con personas en situación de discapacidad ¿Será más fácil ignorar que incluir?

La nueva ley pretende generar 27.500 cupos laborales. Si consideramos que 90 mil personas en situación de discapacidad que participan en el mercado laboral están desempleadas, y que aproximadamente otras 188 mil inactivas estarían dispuestas a trabajar, las nuevas plazas solo cubren un 10% de los potenciales trabajadores en situación de discapacidad. No son muchas, pero es un avance relevante que da cuenta del potencial social de las empresas que beneficia a la sociedad como un todo.

El trabajo dignifica a la persona, la hace sentir capaz, necesaria y que pertenece a un lugar donde se la reconoce y valora. En el proceso de implementación, las empresas tendrán que cuidar su entorno, invertir en infraestructura y en metodología que faciliten la incorporación de estas personas al medio donde se van a desempeñar. Esto implica, entre otras cosas, la sensibilización del equipo que los va a recibir, la designación de un tutor que los apoye, horarios más acotados y -lo más importante- el calce entre sus habilidades y el trabajo asignado.

Una sociedad que incluye y no ignora sus problemas es una sociedad sana y feliz. Lo medular es acoger, aceptar y preguntarse como lo hacía el Padre Hurtado todos los días: ¿Qué haría Cristo en mi lugar?

María Isabel Vial