La designación de un nuevo general director de Carabineros en los comienzos mismos del nuevo gobierno y la reestructuración completa del alto mando de la institución -de la que habrán pasado a retiro un alto número de generales en los próximos meses- pueden transformar la crisis de la policía uniformada en una oportunidad única para acometer su reforma y proyectar su labor. No actuar a tiempo arriesga un proceso de debilitamiento que puede llevar a modificar su definición constitucional, o incluso a su división en diversas policías con funciones y bajo dependencias institucionales distintas.

Tres ámbitos destacan entre los más necesitados de un cambio cualitativo de envergadura. En primer lugar, la preparación técnica y profesional de los efectivos policiales. El gran incremento en la cantidad de personal y la adquisición de toda clase de implementos tecnológicos exigen una creciente preparación profesional de los carabineros. En las tareas de gestión, en los procedimientos propiamente policiales, y desde luego en la investigación de hechos delictivos, las competencias que manejan y los procedimientos que utilizan deben ajustarse a las necesidades actuales. Con algunas excepciones, el carabinero se encuentra a mucha distancia técnica del trabajo que sus pares de países desarrollados están en condiciones de hacer, independientemente de las diferencias de tipo organizacional y de especialización.

Un segundo aspecto es la supresión de los focos de corrupción e irregularidades en la administración de los recursos. En la institución y alrededor de ella existe un gran número de organizaciones, clubes, centros comerciales, prestadores de salud y otras entidades que se administran de un modo opaco, donde se reparten ascensos y cargos para mejorar jubilaciones, se favorece a parientes y conocidos en procesos de licitación o se financia la operación mediante descuentos por planilla, entre otras malas prácticas que van erosionando la moral tanto de los funcionarios que las implementan como de los que las padecen. Poner fin a todo esto es ineludible para recuperar a la institución en su función policial.

En tercer lugar, resulta indispensable reorganizar la administración del personal en función de los objetivos prioritarios, entre los que se encuentra el combate efectivo de la actividad delictual. En esta línea, es clave descentralizar aspectos de su gestión, convirtiendo a las comisarías en el verdadero núcleo de la actividad policial y dejando en segundo plano -con menos personal y recursos- a las estructuras centrales y servicios administrativos, tal como planteó en su momento el general Bernales. Con el mismo objetivo, urge revisar la primacía casi absoluta que hoy tienen los años de servicio entre los criterios de ascenso, incorporando con una mayor ponderación las consideraciones de mérito vinculado a los resultados alcanzados en la labor operativa.

Se trata de aspectos complejos de abordar, pero que están a la altura de la crisis que enfrenta la institución. No se pide más de la gestión del general Soto; pero tampoco menos.