La pena de muerte, el aborto legal y la eutanasia legal son tres figuras jurídicas intensamente debatidas en Chile y en el mundo. Las tres figuras tienen en común que involucran acciones legales que afectan terminalmente la vida humana, por lo cual son tan debatidas desde la ética, la fe, el derecho y la economía.

Estando centradas en la vida y en la muerte, conllevan conflictos entre distintos valores y derechos individuales. La pena de muerte (porque es coercitiva) y el aborto (porque implica la muerte del feto) involucran claros conflictos entre el valor de la vida y otros valores. En cambio, la eutanasia -al menos bajo condiciones de decisión libre, informada y consciente- no implica necesariamente un conflicto entre el valor de la vida de un ser humano y otros valores.

En el mundo se observan cambios graduales pero sistemáticos en el número de países donde son legales la pena de muerte, el aborto y la eutanasia. Frecuentemente -y en Chile también- estos cambios legales se producen después de muchos años de intenso debate sobre la abolición legal o la legalización de estas figuras jurídicas.

La opinión pública chilena sobre estos tres temas ha sido bastante estable en los últimos cuatro años. Un 65% de los chilenos está a favor de legalizar nuevamente la pena de muerte. Un 68% está a favor de legalizar la eutanasia. Un 59% está a favor del aborto legal bajo algunas causales. Por otra parte, están empatados los que opinan que el aborto nunca debería ser legal con los que opinan que el aborto debería ser legal bajo cualquier causal, ambos grupos, más extremos, concitan un apoyo cercano al 20%. En resumen, el chileno promedio es duro respecto a la aplicación de la pena de muerte y, al mismo tiempo, liberal respecto de la legalidad del aborto y de la eutanasia.

En lo que sigue, no me referiré a mis posturas personales sobre estos tres temas, porque son poco relevantes. Más importante es la experiencia internacional y son los costos y beneficios de las acciones que se derivan de estas tres figuras legales. Algunos de estos costos y beneficios se refieren al individuo al que se aplica la acción correspondiente; otros son los costos y beneficios derivados para la sociedad. Algunos son fáciles de cuantificar; otros no. Por ejemplo, es fácil cuantificar los recursos fiscales que se ahorran al condenar a un delincuente a la pena de muerte, en comparación con mantenerlo en presidio perpetuo. En cambio, es difícil cuantificar el potencial beneficio social de disuasión a cometer delitos graves atribuible a la pena capital, porque este depende de los resultados de estudios estadísticos sobre dichos efectos disuasivos, que son contradictorios entre sí. Como los estudios sobre las consecuencias sociales de las tres figuras jurídicas frecuentemente no muestran resultados robustos, me limitaré en esta columna a señalar solamente en forma cualitativa sus potenciales costos y beneficios.

Pena de muerte

En algunos países se aplica la pena de muerte a delitos de distinta gravedad, mientras que en otros se reserva solo para delitos de sangre más extremos. La opción legal de la sanción capital ha ido disminuyendo en el mundo. Hoy son 86 los países donde la pena de muerte está vigente, aunque en 30 de estos no se ha aplicado en los últimos diez años. En Chile, la pena de muerte fue derogada en 2001, reemplazándola por la pena de presidio perpetuo calificado.

Los potenciales beneficios de la pena de muerte incluyen la disminución de la delincuencia (efecto disuasivo), la retribución legal, el ahorro del costo de mantener al condenado en presidio perpetuo, y los menores niveles de hacinamiento y violencia en las cárceles. Los costos de la pena de muerte incluyen la pérdida de una vida, los mayores costos de investigación, sentencia, condena y apelación (comparados con los de presidio perpetuo), y los costos de la ejecución.

En Chile, el costo anual de mantener un condenado por delitos graves en prisión excede de $2.000.000 (Ahumada y otros, 2008). También en Chile, según información de Gendarmería, han muerto en una década 94 personas por riñas entre presos en las cárceles.

Aborto legal

El aborto es legal en muchos países del mundo, pero bajo condiciones o causales muy diferentes. Para salvar la vida de la madre, el aborto es legal en más de 200 países. Un número creciente de países -hoy son 134- ha legalizado el aborto para una causal adicional a la de cuando está en riesgo la vida de la madre. En aproximadamente la mitad de los países se acepta el aborto en caso de violación o incesto y en caso de inviabilidad del feto. Solo en el 30% de los países se permite realizar el aborto basándose en la solicitud incondicional de la madre (Naciones Unidas, 2014).

En Chile el aborto fue despenalizado en septiembre de 2017 para tres causales: cuando la vida de la mujer corre riesgo o la gestación implica una grave afectación a su salud, cuando hay inviabilidad del feto (incompatibilidad con la vida extrauterina) y cuando es producto de una violación.

Los potenciales beneficios del aborto legal incluyen la coherencia con el deseo de la madre, la disminución de abortos ilegales, la reducción de la culpabilidad y sanción moral de la madre que practica un aborto ilegal, una menor tasa de fecundidad, y menos pobreza y delincuencia.

Los costos del aborto legal incluyen la pérdida de la vida de una persona o un feto, la pérdida de capital humano futuro, los costos y riesgos del procedimiento, y el mayor incentivo a abortar.

Eutanasia y suicidio asistido

En 34 países el (intento de) suicidio es penado. En 107 países la asistencia al suicidio es penada por la ley, y en muchos de ellos muy duramente, por considerarse una inducción al suicidio, similar al homicidio. En Chile el intento de suicidio no está penado por la ley. El Código Penal, aunque tipifica el auxilio al suicidio, no consagra el tipo penal de inducción al suicidio.

El término "eutanasia" tiene una historia terrible porque lo aplicó la dictadura nazi para la eliminación de personas que consideraba que no deberían seguir viviendo. Hoy, en cambio, se aplica el concepto de eutanasia en general al término inducido de la vida, bajo condiciones muy estrictas de expresión de voluntad por el paciente o sus tutores y, frecuentemente, bajo condiciones de enfermedad grave o discapacidad del paciente. La eutanasia en un sentido más restringido (voluntaria o no voluntaria) consiste en la aplicación de fármacos por un médico para poner término a la vida de un paciente. En cambio, el suicidio asistido consiste en la entrega de fármacos por un médico a un paciente, a solicitud explícita del paciente, para usarlo por el mismo o con asistencia de un tercero.

Hoy hay cinco países en el mundo donde la eutanasia y el suicidio asistido son legales. En Chile la discusión está recién comenzando.

Los potenciales beneficios de la eutanasia y el suicidio asistido incluyen la coherencia con el deseo del paciente, evitar el sufrimiento de una enfermedad o la sobrevida, y evitar los costos de tratamiento de la enfermedad. Los costos incluyen la pérdida de la vida de una persona, los costos y riesgos del procedimiento, y el mayor incentivo a terminar con la vida.

Estimado lector:

A la luz de la experiencia mundial, la actual legislación chilena y su propia experiencia personal, ¿qué opina usted sobre estas tres opciones legales que terminan con la vida humana, sus conflictos con otros valores, y sus potenciales beneficios y costos para las personas afectadas y para la sociedad?