El presidente de la Corte Suprema ha dado a conocer el informe de la Fiscalía Judicial del máximo tribunal sobre los principales problemas detectados en las visitas de cárceles realizadas el año 2017 por los fiscales judiciales. Impacta la amarga radiografía que se hace del sistema, y que es fruto de una conocida desatención del Estado del problema carcelario. Dentro de sus principales conclusiones ha hecho presente los altos niveles de hacinamiento que en algunos casos duplican la capacidad de los recintos.

Por otro lado, Gendarmería ha establecido en los penales un sistema de horarios desajustado de los objetivos que deben orientar las penas. Así, se ha constatado que normalmente se mantiene encerrados a los presos, sea en sus celdas individuales o colectivas, entre 14 y 16 horas diarias. Esto lleva a que el lapso de desencierro sea insuficiente y que, descontadas las horas para comer, no haya tiempo suficiente para desarrollar actividades de reinserción. Consecuencia de este restringido horario de desencierro, las comidas son entregadas a los internos en horarios que no guardan ninguna aproximación a los que normalmente se utilizan en el medio libre; por ejemplo, cenar a las 16:00 hrs., de modo que se fomentan hábitos contrarios a los de la vida en libertad.

Por otro lado, se hace notar que si bien se ha reducido la utilización de las celdas de aislamiento luego de las resoluciones del Ministerio de Justicia del año 2013, todavía se mantiene una utilización excesiva y en pésimas condiciones estructurales de ventilación y luminosidad.

Las deficiencias en la infraestructura también son denunciadas. En algunos penales, el deterioro de las instalaciones puede limitar drásticamente el acceso al agua, lo que provoca incluso problemas de salubridad e higiene. Por último, también se registra una deficiente clasificación de los internos, que impide una segregación básica para el desarrollo de programas de reinserción. El propio informe concluye que estas condiciones implican responsabilidad estatal por infracción del Pacto de San José de Costa Rica.

Las respuestas que ha dado el ministro de Justicia desconciertan. Debe celebrarse la reciente dictación de una política de reinserción, pero afirmar que la solución a estas falencias pende de la dictación de un decreto o de la toma de razón de Contraloría es, además de inadecuado, difícil de creer. La falta de una política penitenciaria estatal tiene raíces conocidas. No contamos en Chile con una ley de ejecución de penas que permita el control judicial efectivo de los objetivos de reinserción que han de acompañar a las penas. Una política criminal que se ha centrado en el incremento de penas y delitos y un sistema procesal que está llevando a que un tercio de los privados de libertad lo esté por encontrarse en prisión preventiva, ha producido una presión sobre los centros penitenciarios que solo ha ido en aumento. Las nuevas autoridades deberán sopesar esta realidad y -junto con mejorar y aumentar la capacidad penitenciaria- abocarse también a las modificaciones legales que conduzcan a una racionalización del uso de la cárcel.