Solo en las primeras seis semanas de este año, las incautaciones de drogas realizadas por el Servicio Nacional de Aduanas representan más del cincuenta por ciento del avalúo de las incautaciones correspondientes a todo el año 2017. Sin duda, estos números son, en cierto sentido, auspiciosos. La lucha contra el tráfico de estupefacientes y sustancias psicotrópicas se juega en parte importante en el resguardo de fronteras y otros lugares de ingreso al territorio nacional, como puertos o aeropuertos.

La ubicación geográfica del país ha servido históricamente como un resguardo al tránsito de estas sustancias, que suelen buscar su paso por lugares mejor conectados con centros de consumo. Sin embargo, nuestra cercanía con centros de producción y, por ende, el riesgo referido al consumo interno deben tenerse muy presentes. Desde esta perspectiva, en nuestro país la lucha contra la internación de drogas es la lucha misma contra el consumo como problema de salud pública, pero también de seguridad pública. Se trata, en general, de embarques que tienen al país como destinatario final de dichas sustancias, por lo que su atajo ataca al corazón del consumo, dificultando y encareciendo el acceso al producto, y al mismo tiempo permitiendo desbaratar bandas que centran su actividad criminal organizada en el tráfico.

Es evidente y conocido el correlato existente entre las tasas de criminalidad y las del consumo de drogas. Del mismo modo, es sabido que un número importante de condenados en actual cumplimiento de penas en el sistema penitenciario, especialmente mujeres, lo están por microtráfico, lo que pone de relieve el tremendo problema social que subyace al consumo y distribución de drogas y que debe seguir siendo una prioridad para el gobierno entrante. Por la misma razón, los llamados Tribunales de Tratamiento de Drogas en Chile (TTD) resultan una experiencia muy interesante y que debe fortalecerse cada vez más. Esta iniciativa, que encuentra su origen en la coordinación de distintos actores del sistema judicial -desde el Ministerio Público, la Defensoría Penal, el Poder Judicial- y la colaboración de algunos organismos de la administración central -como el Ministerio de Justicia y Senda-, y privados como Fundación Paz Ciudadana, debe seguir aumentando su cobertura hasta transformarse definitivamente en una política pública que cuente con una estructura orgánica propia y con las modificaciones procesales que resulten pertinentes. Por otro lado, las políticas de rehabilitación en nuestro país distan mucho de contar con los recursos necesarios para implementarse efectivamente y tampoco han alcanzado la necesaria coordinación con los Servicios de Salud para su consolidación eficaz; por ende, su fortalecimiento tanto en los organismos públicos involucrados como en las instituciones privadas que prestan su colaboración debe priorizarse.

En definitiva, parece evidente que la lucha contra el narcotráfico se da en muchos frentes y que todos los eslabones de la cadena son esenciales. Desde la fiscalización territorial para impedir sus plantaciones a la lucha contra la internación y distribución en nuestros pasos fronterizos; desde la inteligencia policial para desbaratar bandas a la eficaz persecución penal; desde la oferta de salidas alternativas que incorporen los programas de rehabilitación como condición para la suspensión condicional del procedimiento hasta el adecuado tratamiento de los condenados que están afectados por adicciones, y una política consistente de rehabilitación tanto de alcohol como de drogas. Hacerse cargo de este abanico de flancos debe ser una prioridad de las autoridades entrantes tanto por los severos problemas de seguridad como por aquellos de salud pública involucrados.