De conformidad a lo determinado por la Contraloría, la Presidenta de la República firmó el decreto que convalida el Decreto Exento N° 1.515 de este Ministerio, que dispuso la creación, separación, fusión y numeración de 101 nuevos cargos de notarios, conservadores y archiveros a lo largo de todo el país, de manera que así concluye la artificial e infundada controversia levantada por la Asociación de Notarios y Conservadores y por quienes amparan y defienden sus intereses personales y corporativos.

En efecto, se sostuvo mediáticamente durante meses que lo obrado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos era ilegal y arbitrario; que el decreto aludido carecía de fundamentos o de motivación; que no se contaba para su dictación con la autorización de las Cortes de Apelaciones; que en su elaboración no se había consultado a la Corte Suprema y a los propios interesados, circunstancias que supuestamente eran legalmente exigibles; que se trataba de una maniobra política para acomodar a parientes, amigos y actuales funcionarios de gobierno; que nos animaban las más torcidas y pérfidas intenciones; etcétera; todas falaces argumentaciones que fueron rechazadas por las propias Cortes de Apelaciones, la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados, en acuerdo unánime. Como se diría en jerga futbolística, perdieron 4-0.

Luego, la creación, separación y fusión de estos 101 nuevos cargos de notarios y conservadores es una realidad, constituye una excelente noticia para los usuarios, se inserta en nuestro sincero propósito en orden a que la ciudadanía pueda acceder de un modo más rápido y expedito a tales servicios -particularmente en lugares apartados-, generando mayor competitividad en un sector tradicionalmente oligopólico. Por tanto, anhelamos que se traduzca en una mejor atención y menores costos de los mismos.

Tal como oportunamente anticipé, la inmensa mayoría de esos cargos serán provistos por el nuevo gobierno. Solo lamento que esta inconducente y especiosa discusión nos atrasase en abordar una segunda e impostergable materia: la revisión del arancel de notarios y conservadores, no para reajustar los actualmente vigentes, como algunos simplemente pretenden, sino para rebajar sus valores, aumentar las diligencias exentas de pago o sometidas a una cancelación mínima, terminar con la discrecionalidad en la determinación de aquellos, eliminar abusivas distinciones entre oficios de Santiago y de regiones, todas cuestiones también propias de la potestad reglamentaria y que no requieren de trámite legislativo alguno o del asentimiento de los que ejercen la labor registral. Sin embargo, restando un mes para el término del actual gobierno y, de no alcanzar a dictar el decreto respectivo durante mi gestión, legaré a las nuevas autoridades los antecedentes necesarios para que acometan ese nuevo e imprescindible desafío. Así se gobierna con realismo, pensando en el bien general de Chile y de su gente.

Y en cuanto a la tantas veces anunciada nueva legislación que modificará el presente sistema registral y de certeza jurídica chilenos, la que teóricamente eliminará la burocracia y modernizará la operatividad de la fe pública en las relaciones humanas, cambiando y transparentando el modo de designar a notarios, conservadores y archiveros o los sustituirá por otros agentes, variando su supervigilancia y dependencia, tal como lírica y candorosamente se ha prometido en las últimas décadas, en cuatro años más volvemos a conversar sobre eso y ahí analizamos si el Congreso Nacional la aprobó y en qué términos. Por de pronto, excúsenme por mi escepticismo proverbial, aunque estoy dispuesto a cambiar tal disposición anímica si la realidad me demuestra lo contrario.

Jaime Campos Quiroga
Ministro de Justicia y Derechos Humanos