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RenovarNoticias
Jueves 25 de enero de 2018
Congreso despacha ley de educación superior en medio de críticas por impacto en la calidad
Rectores de planteles tradicionales no estatales son los más preocupados. Advierten que la fijación de precios de los aranceles que consagra la norma afectará la calidad de sus instituciones.
EQUIPOS DE CIUDAD Y POLÍTICA
La Cámara de Diputados cerró ayer una historia que comenzó hace más de cuatro años, cuando la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet anunció como promesa de campaña la gratuidad universal para los alumnos de la educación superior chilena.
El hito se cumplió pasado el mediodía, cuando los diputados despacharon la reforma a la educación superior, que asegura la vigencia del beneficio, que hasta ahora solo regía como una glosa de la Ley de Presupuestos. "Al avanzar en la gratuidad en la educación superior queremos construir un país más equitativo y con igualdad de oportunidades", afirmó la Presidenta Michelle Bachelet.
Desde que asumió, en 2014, la actual administración logró que el Congreso aprobara 29 leyes sobre educación, entre ellas iniciativas clave de la reforma al sector como la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Carrera Docente, Inclusión y Educación Superior. Este crea una subsecretaría y superintendencia, además de hacer obligatoria la acreditación institucional (ver recuadro).
La ley será promulgada en las próximas semanas, luego del control preventivo en el Tribunal Constitucional.
Temores
Debatida durante 18 meses, la iniciativa tuvo un complejo trámite legislativo, pues distintos actores plantearon sus reparos, muchos de los cuales persisten luego de la aprobación.
Para el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, el mayor error es la reiteración en la fijación de precios. "Esto va a llevar, claramente, al incremento de los déficits en los distintos universos, con el consiguiente deterioro de la calidad", argumentó.
En esa línea, su par de la U. Católica del Maule, Diego Durán, planteó su preocupación por los posibles efectos de la iniciativa, y se aventuró a decir, incluso, que con la aprobación hay una "desvalorización y hasta una falta de respeto hacia los planteles del G9", el grupo de Ues tradicionales no estatales.
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, en tanto, valoró los cambios que tuvo el proyecto respecto de su versión original, por lo que hizo un reconocimiento a los senadores de la comisión de Educación que trabajaron en la iniciativa y que tuvieron una "voluntad de mayor escucha y de corregir los errores".
Sin embargo, advirtió que de todos modos hay puntos que corregir y mejorar. "Pienso en temas de financiamiento, porque uno de los focos que son claves es qué pasa con los aranceles regulados (...) Ahí es donde tenemos que tener cuidado para no producir desfinanciamiento de las instituciones y que eso no afecte la calidad", criticó.
Mientras, los establecimientos técnico-profesionales cuestionaron el hecho de no haber tenido una mayor participación en la reforma. "Lamentamos que nuestro sector no haya tenido el espacio necesario para que se aborden las bases para su mejor desarrollo", advirtió Juan Pablo Guzmán, presidente de Vertebral.
Durante la jornada, los diputados también despacharon a ley el proyecto que fortalece a las universidades del Estado. Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y presidente del consorcio que reúne a los 18 planteles públicos, enfatizó que esta aprobación se trata "de una instancia de encuentro, de equidad, de inclusión, de cohesión social y de progreso para el país".
Los principales cambios que trae la iniciativa
Gratuidad
Se establece que habrá gratuidad universal en las instituciones de educación superior que adscriban a la política, cuando las condiciones económicas del país lo permitan. Se estipula, por ejemplo, que para que el beneficio llegue al 70% más vulnerable de la población, la recaudación fiscal del país tiene que corresponder al 23,5% del PIB durante dos años consecutivos. Según las estimaciones de Hacienda, eso podría ocurrir en 2022.
Acreditación
Todas las instituciones deben estar acreditadas para poder funcionar. El mínimo será de tres años y se crean tramos de certificación. El de excelencia seguirá correspondiendo al actual máximo de siete años. Además, se hace obligatoria la acreditación de las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología.
Superintendencia
Se crea una nueva institución que fiscalizará las operaciones y el funcionamiento de los planteles. Además, podrá recibir denuncias y pedir antecedentes a los responsables de las casas de estudio.
Subsecretaría de Educación Superior
Será la encargada del sistema de educación superior, y entre otras cosas, se relacionará con las universidades estatales y privadas. Además, confirmará los aranceles que se pagarán por los jóvenes que están en gratuidad y fijará los precios para los estudiantes del séptimo al noveno decil.
La Cámara de Diputados cerró ayer una historia que comenzó hace más de cuatro años, cuando la entonces candidata presidencial Michelle Bachelet anunció como promesa de campaña la gratuidad universal para los alumnos de la educación superior chilena.
El hito se cumplió pasado el mediodía, cuando los diputados despacharon la reforma a la educación superior, que asegura la vigencia del beneficio, que hasta ahora solo regía como una glosa de la Ley de Presupuestos. "Al avanzar en la gratuidad en la educación superior queremos construir un país más equitativo y con igualdad de oportunidades", afirmó la Presidenta Michelle Bachelet.
Desde que asumió, en 2014, la actual administración logró que el Congreso aprobara 29 leyes sobre educación, entre ellas iniciativas clave de la reforma al sector como la Subsecretaría de Educación Parvularia, la Carrera Docente, Inclusión y Educación Superior. Este crea una subsecretaría y superintendencia, además de hacer obligatoria la acreditación institucional (ver recuadro).
La ley será promulgada en las próximas semanas, luego del control preventivo en el Tribunal Constitucional.
Temores
Debatida durante 18 meses, la iniciativa tuvo un complejo trámite legislativo, pues distintos actores plantearon sus reparos, muchos de los cuales persisten luego de la aprobación.
Para el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, el mayor error es la reiteración en la fijación de precios. "Esto va a llevar, claramente, al incremento de los déficits en los distintos universos, con el consiguiente deterioro de la calidad", argumentó.
En esa línea, su par de la U. Católica del Maule, Diego Durán, planteó su preocupación por los posibles efectos de la iniciativa, y se aventuró a decir, incluso, que con la aprobación hay una "desvalorización y hasta una falta de respeto hacia los planteles del G9", el grupo de Ues tradicionales no estatales.
El rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, en tanto, valoró los cambios que tuvo el proyecto respecto de su versión original, por lo que hizo un reconocimiento a los senadores de la comisión de Educación que trabajaron en la iniciativa y que tuvieron una "voluntad de mayor escucha y de corregir los errores".
Sin embargo, advirtió que de todos modos hay puntos que corregir y mejorar. "Pienso en temas de financiamiento, porque uno de los focos que son claves es qué pasa con los aranceles regulados (...) Ahí es donde tenemos que tener cuidado para no producir desfinanciamiento de las instituciones y que eso no afecte la calidad", criticó.
Mientras, los establecimientos técnico-profesionales cuestionaron el hecho de no haber tenido una mayor participación en la reforma. "Lamentamos que nuestro sector no haya tenido el espacio necesario para que se aborden las bases para su mejor desarrollo", advirtió Juan Pablo Guzmán, presidente de Vertebral.
Durante la jornada, los diputados también despacharon a ley el proyecto que fortalece a las universidades del Estado. Ennio Vivaldi, rector de la U. de Chile y presidente del consorcio que reúne a los 18 planteles públicos, enfatizó que esta aprobación se trata "de una instancia de encuentro, de equidad, de inclusión, de cohesión social y de progreso para el país".
''Chile es hoy mejor que ayer, porque cuenta con una ley que da garantías a los alumnos de estudiar en instituciones acreditadas".
ADRIANA DELPIANO
MINISTRA DE EDUCACIÓN
''La verdad es que después del paso por el Senado, tengo que reconocer que (el proyecto de educación superior) ya no me da vergüenza".
JAIME BELLOLIO
DIPUTADO UDI
''Hay insuficiencias, pero es un avance respecto a lo que hoy es el modelo educacional, totalmente de libre mercado, de sálvese quien pueda".
CAMILA VALLEJO
DIPUTADA PC
Gratuidad
Se establece que habrá gratuidad universal en las instituciones de educación superior que adscriban a la política, cuando las condiciones económicas del país lo permitan. Se estipula, por ejemplo, que para que el beneficio llegue al 70% más vulnerable de la población, la recaudación fiscal del país tiene que corresponder al 23,5% del PIB durante dos años consecutivos. Según las estimaciones de Hacienda, eso podría ocurrir en 2022.
Acreditación
Todas las instituciones deben estar acreditadas para poder funcionar. El mínimo será de tres años y se crean tramos de certificación. El de excelencia seguirá correspondiendo al actual máximo de siete años. Además, se hace obligatoria la acreditación de las carreras de Pedagogía, Medicina y Odontología.
Superintendencia
Se crea una nueva institución que fiscalizará las operaciones y el funcionamiento de los planteles. Además, podrá recibir denuncias y pedir antecedentes a los responsables de las casas de estudio.
Subsecretaría de Educación Superior
Será la encargada del sistema de educación superior, y entre otras cosas, se relacionará con las universidades estatales y privadas. Además, confirmará los aranceles que se pagarán por los jóvenes que están en gratuidad y fijará los precios para los estudiantes del séptimo al noveno decil.
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