La saga del Hospital Sótero del Río ha continuado con un nuevo episodio que le ha costado el cargo a un distinguido profesional. La larga historia de la construcción de un nuevo hospital que reemplazará al actual puede darse por iniciada con el terremoto del 27 de febrero de 2010. Los daños ocasionados en el establecimiento le dieron impulso a la antigua idea de construir un recinto moderno y bien equipado para reemplazar al vetusto edificio de comienzos del siglo pasado. Para ello se llamó a licitación para que se construyera bajo la modalidad de concesión, en la que la empresa privada financia la construcción y luego provee los servicios no clínicos por un período convenido.

Preparar una licitación para una obra de esta envergadura -uno de los grandes hospitales de la capital, con unas 700 camas y equipamientos modernos- requería tiempo. El gobierno anterior preparó las bases de la licitación y a fines del año 2013 anunció que llamaría a concurso. De inmediato surgió la oposición de los trabajadores de la salud, que comenzaron a presionar a los partidos políticos y a realizar paros. Pero el proceso siguió adelante y a fines del mes de febrero de 2014 se asignó su construcción a una firma española por cerca de 350 millones de dólares. Enseguida, se envió el decreto supremo a la Contraloría para su toma de razón, con la seguridad de que se entregaría el nuevo recinto este año 2018, algunos meses después del Hospital de Antofagasta, cuya primera piedra se colocaba en esos días.

Entretanto, asumió el gobierno la Nueva Mayoría, que en su programa consultaba una multiplicación sin precedentes de la inversión en salud. Sesenta nuevos hospitales deberían formar parte de tales inversiones, 20 de los cuales estarían ya funcionando, otros 20 en construcción y 20 más en proceso de licitación a fecha de hoy. Pero una de las primeras medidas de las nuevas autoridades sectoriales fue poner en entredicho las concesiones y procedieron a retirar de la Contraloría el decreto y, también, a cancelar varios otros proyectos de concesiones. En medio de la exaltación política del flamante gobierno, se condenaba todo lo realizado por la Concertación, agrupación con la que se identificaban las concesiones. Posiblemente hubo grupos políticos convencidos de la economía que significaría entregarle al Estado la construcción de los hospitales, pero sin duda jugó un papel determinante en el cambio de opinión de parlamentarios y dirigentes la presión de los sindicatos de trabajadores con sus paros. En todo caso, tomó más de dos años poder deshacer lo que ya estaba comprometido por el gobierno anterior.

Comenzaron, entonces, las discrepancias entre los ministerios de Salud y Obras Públicas. En febrero del año pasado se encargó finalmente a OO.PP. la construcción del hospital, pues se puso en la lista de los hospitales que al término del gobierno estarían ya en plena construcción. Pero en mayo el Ministerio de Salud había cambiado de opinión pues consideraba muy lenta la forma de actuar de OO.PP. con sus precalificaciones de empresas que alargaban los plazos. La réplica de estos últimos fue que sus licitaciones no resultan rechazadas por la Contraloría, como ha ocurrido muchas veces con los proyectos de Salud. Pero el apuro parece marcar la vocación de este gobierno, que quería dejar todo resuelto para que no volviera nuevamente a discutirse una posible concesión. El hospital debía, al menos, quedar adjudicado al término de este gobierno.

Y se abrió una nueva licitación para tener listo el edificio el año 2025 con un costo de 50 mil millones más alto que el original. Pero los plazos adoptados, hasta agosto de 2018, implican que el proyecto quedará en manos del próximo gobierno, lo que significó la pérdida de confianza en el director del servicio de salud, quien ha sido despedido. En suma, un retraso de siete años que afectará a más de un millón y medio de personas, mayores costos, inversionistas extranjeros sorprendidos y el director del servicio que logró la difícil acreditación del complejo asistencial, despedido.