El Gobierno se encuentra en pleno proceso de relicitar el 50 por ciento del Transantiago, tras haberse cumplido los diez años de duración de los contratos suscritos durante la primera administración de la Presidenta Bachelet. El Ministerio de Transportes los ha rediseñado incluyendo algunas medidas que representan un avance para el sistema de transporte público de la capital. Entre ellas se cuentan tener más concesiones de menor tamaño, cambios en los incentivos en los contratos, buses menos contaminantes, así como algunas vistosas, como los 90 buses eléctricos. La etapa final del proceso de relicitación ha sido muy rápido, con bases entregadas a los interesados a fines de octubre y ofertas recibidas el 27 de diciembre.

La puesta en marcha del Transantiago tuvo enormes costos para los usuarios del transporte colectivo, y el Ejecutivo perdió años en que dedicó gran parte de su atención a tratar de aminorar los impactos del sistema. Aun hoy, el transporte de superficie tiene problemas de imagen, calidad de servicio y costo. La relicitación era la oportunidad para intentar corregir las mayores carencias del sistema, y abrir el mercado a firmas que den un mejor servicio que el de los operadores actuales.

No obstante, bajo la gestión del anterior titular del Ministerio de Transportes se avanzó poco en estudiar la relicitación del Transantiago, pese a ser el principal desafío del ministerio. De los cuatro años del gobierno, solo durante los últimos dos años operó un grupo dedicado al diseño de la relicitación. Incluso, al principio, el grupo era pequeño y con pocos recursos, y solo bajo la actual ministra recibió un financiamiento adecuado, aunque tardío. Comenzar tan tarde a estudiar el tema significó que algunos aspectos esenciales para una buena licitación no se pudieran resolver.

Por ejemplo, los terminales de buses pertenecen a los actuales operadores, por lo que los nuevos postulantes a los contratos se encuentran en desventaja frente a ellos. Se ha señalado que el Gobierno debió haber expropiado esas instalaciones y haberlas puesto a disposición de los operadores que se adjudiquen la licitación, de manera que todos los interesados hubiesen estado en igualdad de condiciones respecto de este recurso esencial para presentar una buena oferta. Existe un plan para expropiar propiedades para transformarlas en terminales, pero eso puede ser un proceso que tome largo tiempo y podría no estar listo cuando ingrese un nuevo operador, por lo que enfrentan un enorme riesgo en sus ofertas. Además, el plazo para estudiar las bases de licitación ha dificultado la participación de nuevos oferentes, pues solo se les da dos meses, un plazo insuficiente para que una empresa extranjera -que desconoce cómo opera el transporte público en Chile- pueda preparar a cabalidad su propuesta. En efecto, pese a haber 69 interesados que compraron las bases, solo 7 empresas presentaron ofertas. Hay pocos entrantes, y preocupa constatar que no hay unidades de negocios en que compitan los actuales operadores.

Aunque se ha acusado que la incertidumbre sobre las tres nuevas líneas de metro anunciadas por el nuevo gobierno habría reducido el interés en participar, la verdad es que ellas entrarían en servicio cerca del final o incluso luego de terminados los contratos que se están relicitando.

Es por ello que la mayor parte de los especialistas en transportes parece concordar en que el proceso debería haberse retrasado, extendiendo las concesiones actuales y renegociando con los operadores para que el plazo de esa extensión hubiese sido acotado. Este costo habría sido aceptable considerando los beneficios de un buen diseño del proceso de licitación.