Javiera Herrera y Judith Herrera

Para acceder a la gratuidad, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos: ser parte de la población más vulnerable del país, no contar con un título profesional previo y sacar la carrera en el tiempo que la universidad así lo determine.

Sin embargo, en el informe final de Contraloría sobre la asignación de gratuidad 2016 -el primero en que se aplicó la política y donde solo participaron universidades-, se detectó una serie de falencias respecto del control de los requisitos que deben cumplir los diversos estudiantes.

Según determinó el órgano fiscalizador, la Subsecretaría de Educación "no tiene un control o registro de los títulos profesionales y técnicos de manera íntegra y completa, lo que les impidió verificar completamente" si los jóvenes podían acceder o no a la gratuidad.

De hecho, en el informe realizado se asegura que la base de datos que entregó la subsecretaría a la Contraloría -con los datos mencionados previamente- "es incompleta o errónea, debido a que no contiene todos los antecedentes sobre los títulos otorgados con anterioridad a 2007".

Debido a este hecho, según la Contraloría se les asignó gratuidad a, al menos, 86 personas que ya contaban un título profesional, lo que implicó un desembolso de $204 millones.

En relación con estos casos, la subsecretaría responde que la "información relativa a los títulos, utilizada para la asignación, fue actualizada con distintas fechas, entre el 2015 y agosto de 2016.

Añadió que, respecto de los 38 casos y con la información que estaba disponible en ese entonces, "solo se encontró un RUT con información de título, que corresponde a un técnico de nivel superior".

Asimismo, pidieron tener en consideración "la temporalidad con la cual se actualiza la información de títulos que proporcionan las instituciones de educación superior al Registro Civil y la oportunidad con que dicha información se requiere para procesar la asignación de beneficios".

Otros casos

Otro punto que detectó la Contraloría es que 27 jóvenes pudieron estudiar gratis, a pesar de que habían excedido la duración formal de sus carreras. Asimismo, "se verificó la existencia de alumnos regulares por un semestre que fueron beneficiados por el año completo". Esto ocurrió en la Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y en la U. de Concepción, por un monto total superior a los $580 millones.

Solo la PUCV respondió ante Contraloría, indicando que los alumnos "pormenorizados cumplieron con los requisitos para ser beneficiarios de gratuidad por el año completo".

CASOS
Se detectó a 86 personas que ya contaban con un título profesional y que recibieron el beneficio de la gratuidad