Un día antes de una cita clave de la Unión Europea, Theresa May recibe una derrota humillante en el Parlamento británico, cuando varios legisladores de su partido se unen a la oposición para obligar al gobierno a darle la última palabra antes de que el tratado de salida de la UE entre en vigor.

Hasta ahora, May creía tener todo el poder para las negociaciones con los europeos, pero sus colegas la obligan a darle "un voto significativo" a Westminster antes de poner en vigor el tratado que los desvinculará definitivamente del continente. Esto quiere decir que tendrá que darles todos los detalles del acuerdo antes de firmarlo, y no "simples encabezados", como dijo un parlamentario renuente a otorgarle "un cheque en blanco".

Es una muestra de debilidad política que la Primera Ministra quería ocultar antes de encontrarse con sus pares europeos, que ya la miraban con cierto escepticismo. Pero lo cierto es que con una mayoría tan magra -conservadores más los unionistas irlandeses-, era posible pensar que más de alguno de los tories europeístas podría votar con la oposición para doblegar a May en su empeño por hacer las cosas a su manera. Doce de ellos lo hicieron. "Esto podría significar que no somos capaces de acometer la salida ordenada y suave de la Unión Europea que esperamos que se produzca", dijo la Premier para tratar de convencer, sin éxito, a los díscolos.

Después de la maratónica negociación de la semana pasada en Bruselas, en la que hasta última hora se dudaba que Gran Bretaña pudiera terminar el proceso dentro del plazo establecido, la Premier posiblemente pensó que ya había cruzado el río, aprobando este acuerdo y podría enfrentar la segunda etapa de tratativas con más tranquilidad.

La enmienda incorporada no sepulta la ley del Brexit, que es crucial para terminar con la vigencia de la legislación europea en Gran Bretaña, e incorporar al mismo tiempo unas 1.200 disposiciones europeas -en materia laboral, ambiental y sobre consumidores- al derecho británico, de manera que se mantenga la coordinación cuando ocurra la ruptura, en marzo de 2019. Pero el voto en el Parlamento deja a May en una situación muy frágil y con poca credibilidad ante sus pares, que no han tenido mucha paciencia con las posturas británicas, obligándolos a acceder a demandas sobre la frontera irlandesa, la recepción de europeos y el monto de la "factura de divorcio", más allá de lo que estaban dispuestos a dar en una primera instancia. Ahora, deberá convencerlos de que lo aprobado la semana pasada queda a firme, y que la enmienda no cambiará el texto, que de ninguna manera, dicen en Bruselas, será cambiado.

Si el acuerdo de salida fue un difícil parto, lo que viene ahora no es menos complicado. Gran Bretaña pretende conseguir un tratado favorable que establezca la manera de relacionarse con la UE tras el retiro; especialmente interesante para Londres es el acuerdo de libre comercio que lo deje intercambiar bienes y servicios en las mismas condiciones que tenía antes del Brexit. El camino que queda por recorrer es empinado, y May probablemente no tiene la fuerza, y quizás tampoco la legitimidad, para enfrentarse a los europeos, que no parecen proclives a facilitarle a Gran Bretaña el proceso de desconexión.