Está ampliamente documentado que Chile, en los últimos 30 años, ha alcanzado logros importantes en crecimiento, indicadores sociales y en reducción de la pobreza, los que sobresalen a nivel regional y mundial. Incluso la distribución del ingreso ha mejorado en los últimos 25 años, aunque su progreso, como enseña la experiencia internacional en esta dimensión, ha sido más lento (ver, entre otros, los informes El Malestar (2017), del CEP, y Desiguales (2017), del PNUD).

Detrás de estos grandes logros, que han originado aumentos notables en el bienestar de la población, jugaron un rol central políticas y cambios institucionales que apuntalaron la estabilidad macroeconómica, un sector financiero sólido, una economía de mercado competitiva y crecientemente integrada al mundo, avances en infraestructura, y políticas sociales orientadas a las necesidades de los más pobres, aunque no siempre muy eficientes y eficaces en tal propósito.

Como resultado del progreso ha surgido una vigorosa clase media, que hoy representa en torno al 65% de la población, y que demanda mejores servicios públicos, un mejor trato en su interacción como usuarios o trabajadores, tanto con el Estado como con las empresas; más libertades para administrar sus vidas, y una mayor protección contra shocks -desempleo, enfermedades, robos-, para evitar su regreso a la pobreza.

Esta situación se traduce en una serie de demandas por parte de la población: control de la delincuencia, mayor desarrollo económico, empleos de calidad, mejores servicios de salud y mejores pensiones. Los estudios de opinión reflejan claramente que estas demandas son las más importantes para la población y de esta mayoritaria clase media que ha surgido impulsada por el desarrollo económico de las últimas tres décadas.

Satisfacer estas demandas requiere no solo sostener altas tasas de crecimiento económico -para así crear empleos de calidad y aumentar los recursos del Estado para poder financiar servicios públicos adecuados y mejores pensiones-, sino que también tener un Estado capaz de diseñar políticas y producir bienes públicos de calidad y en forma eficiente, que contribuya a satisfacer las demandas de las clases medias y a mejorar el beneficio obtenido de los recursos invertidos en políticas sociales.

Para lograr altas tasas de crecimiento en forma sostenida, el mejor entorno externo provee de un empuje favorable, pero no es suficiente; de hecho, las últimas cifras de actividad del Banco Central, ajustadas por estacionalidad y días trabajados, muestran que la economía en octubre se contrajo con respecto al mes anterior y ha estado prácticamente estancada en los últimos cuatro meses. Lo que se necesita ahora es complementar el mejor entorno externo con políticas internas eficientes que mejoren el ambiente para el emprendimiento, la inversión y los aumentos de productividad.

Para esto es fundamental mejorar la eficiencia, reducir los costos y la incertidumbre asociada a los procesos de aprobación de grandes proyectos; simplificar las regulaciones, reducir la complejidad y el sesgo antiahorro y antiinversión del sistema tributario -sin afectar la recaudación tributaria-; levantar las barreras a la infraestructura pública, con el objeto de aumentar la integración del país, y complementar la inversión privada; reducir la incertidumbre con respecto al curso de las políticas económicas, y revalorizar el papel de la iniciativa privada y el emprendimiento en el progreso del país.

El modelo de economía de mercado tiene problemas; es algo sabido, y debemos reconocerlo. Pero también sabemos que una economía de mercado complementada con instituciones sólidas y un Estado eficiente y eficaz tanto en el diseño de políticas públicas como en la producción y distribución de bienes públicos, es el único camino que permite crecer y mejorar el bienestar de la población en forma sostenida. El tan vilipendiado modelo chileno es justamente un esfuerzo honesto y serio que requiere mejoras, sin lugar a dudas, de implementar este tipo de políticas.

Dentro de las áreas de mejora para el caso chileno está la calidad y capacidad del Estado, que no se condice con el desarrollo que ha logrado nuestro país. Hay áreas donde las debilidades del Estado hoy dificultan el progreso y frustran las aspiraciones de las clases medias.

Para mejorar la calidad y capacidad del Estado se requiere de una reforma profunda, que apunte a mejorar su gestión, eficiencia y eficacia en el diseño e implementación de políticas públicas. Aunque generalmente hay distintas preferencias acerca del tamaño y responsabilidades del Estado, a todos los gobiernos, sin importar su sello ideológico, les beneficia tener un Estado competente.

En esta área, el informe reciente "Un Estado para la Ciudadanía", preparado por una comisión transversal de Modernización del Estado convocada por el CEP, entrega propuestas que debieran resultar muy útiles para intentar consensuar reformas orientadas a avanzar en mejorar la calidad de los servicios prestados por el Estado, para así poder enfrentar de mejor forma las demandas por bienes públicos de calidad, manteniendo la estabilidad macroeconómica, la robustez del sector financiero y una economía de mercado competitiva e integrada al mundo, creadas con tanto esfuerzo en los últimos 30 años.

Aunque ha habido avances importantes en los últimos años -implementación del Sistema de Alta Dirección Pública y de la agenda de probidad contra los conflictos de intereses, el tráfico de influencias y la corrupción, además de mayor transparencia y acceso a la información-, todavía nos queda mucho camino por recorrer para mejorar la gestión del Estado y enfrentar de mejor forma las demandas que emergen de la sociedad chilena de hoy.

Lo que se requiere es "... una gestión eficaz y orientada al ciudadano, coordinar mejor la toma de decisiones, perfeccionar el diseño y la evaluación de políticas, flexibilizar la administración de los recursos, aumentar la transparencia hacia los ciudadanos y mejorar su capacidad de atraer y retener talento" (CEP, Un Estado para la Ciudadanía).

Para esto, la Comisión transversal del CEP propuso, entre otras medidas: (1) Reformas específicas en la organización del Poder Ejecutivo;

(2) Institucionalizar y Fortalecer el Consejo Fiscal;

(3) Elevar el estándar de los informes que acompañan los proyectos de ley;

(4) Perfeccionar y fortalecer el trabajo del Congreso con la creación de una Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y la reestructuración de la Biblioteca del Congreso Nacional;

(5) Reformas concretas para mejorar la administración del Estado en cuanto a gestión organizacional, de personas y de presupuestos;

(6) Dar una mirada estratégica a la gestión de información al interior del Estado;

(7) Mejorar los estándares de evaluación, control y transparencia de los programas y políticas públicas.

Estas propuestas, cuyos detalles se encuentran en el informe, constituyen un punto de partida y una carta de navegación para avanzar hacia un Estado más eficiente, eficaz y transparente, capaz de satisfacer las crecientes demandas de la sociedad chilena. El reto ahora está en, a partir de este trabajo, consensuar una estrategia de implementación y un cronograma de iniciativas legislativas y de medidas administrativas para poner en práctica esta urgente reforma.