La deficiente capacidad de gestión del Gobierno en materia educacional ha acrecentado -más allá de los problemas de diseño- la controversia en torno al sistema de admisión en los colegios subvencionados que contempla la reforma educacional.

Muchos padres piensan -alimentados también por las consignas de la campaña político-electoral- que un sorteo va a determinar el establecimiento escolar al que asistirán sus hijos prescindiendo de sus preferencias y ubicación geográfica. Pero el sistema, con todos sus desperfectos, prioriza la elección de los padres pidiéndoles que definan sus preferencias por colegios de una manera ordenada. Con esta información, un algoritmo asigna a los estudiantes cumpliendo con ellas. Si hay más demanda que vacantes, hay que acordar una forma de resolver la escasez. En este caso el sistema produce un sorteo. El estudiante que no es seleccionado en esa instancia es considerado en su segunda preferencia. Pero si los colegios a los que postula ese alumno tienen mucha demanda y los padres no han definido suficientes preferencias, podría ser asignado a un colegio que nunca consideró entre sus opciones. De ahí la importancia de que las postulaciones expliciten un número razonable de posibles colegios.

Lamentablemente, este sistema se ha implementado de una forma tan expansiva que amenaza, por ejemplo, que se mantengan experiencias como las del Instituto Nacional o poniendo en riesgo la libertad de enseñanza. En este último caso, porque el sistema no asegura, por ejemplo, que un grupo de padres que crea un colegio subvencionado con un proyecto educativo específico pueda asegurar, en caso de exceso de demanda, que sus hijos quedarán matriculados en ese colegio. Con todo, estos efectos derivan más bien del criterio con que lo han impulsado las autoridades, pues el sistema sería perfectamente compatible con una selección por mérito académico o con un respeto irrestricto a la libertad de enseñanza de las familias.

Sin perjuicio de lo anterior, emergen también otras críticas específicas que se entrecruzan con el mecanismo de ingreso. Una de ellas es la ambigüedad del sistema frente al financiamiento compartido. Este seguirá existiendo -y lo hará por varios años- en muchos colegios, hasta que se logre reemplazar todos esos recursos por las asignaciones de gratuidad. Pero la gestión del mecanismo de ingreso no ha sido clara con los apoderados y deja en el aire la falsa impresión de que en los colegios sometidos a él los padres no deben cancelar las cuotas exigidas. Esto no corresponde a la realidad, dificulta la administración responsable de los colegios e introduce una tensión en las respectivas comunidades.

Por otra parte, los padres también resienten que el sistema de ingreso ponga en duda la capacidad del colegio de hacer valer un compromiso efectivo con el proyecto educativo. De hecho, de acuerdo con el proceso de ingreso reglado por el Estado, basta que los postulantes firmen un compromiso de adhesión, pero ello no necesariamente se traduce con posterioridad en una actitud compatible con el proyecto del colegio, y ya se ha visto que los establecimientos enfrentan serios obstáculos para hacer efectivos sus reglamentos de convivencia escolar. Se trata, en fin, de circunstancias que han agravado innecesariamente la inquietud que experimentan muchas familias en torno al proceso de ingreso de sus hijos al sistema escolar.