En los últimos años se inició un debate nacional sobre la necesidad de una nueva Constitución Política para Chile, y en especial sobre los mecanismos adecuados para su redacción. Esta discusión ha tenido momentos de valle y otros de alta intensidad, como en 2013, con la campaña ciudadana "Marca tu voto AC" y los anuncios de la entonces candidata Michelle Bachelet de priorizar el cambio constitucional entre las tres principales reformas de su gobierno.

La relativa apatía que envuelve a la actual campaña electoral se podría interpretar como un momento de cierre o clausura del "momento constituyente" y un regreso al ciclo cotidiano de la política. Sin embargo, hay dos razones que muestran que el factor constitucional sigue abierto y seguirá jugando un rol crucial en los años que vienen.

Primero, el proceso constituyente impulsado entre 2015 y 2016 por la Presidenta Bachelet permitió abrir una discusión constitucional, que convocó a un amplio espectro social y político. Las bases ciudadanas de la nueva Constitución expresaron una mirada compartida y, sobre todo, unas expectativas de cambio institucional que se han socializado de forma transversal, arraigándose a distintos niveles, territoriales y sectoriales. Más allá del curso que tome el proyecto de ley para reformar el capítulo 15 de la actual Carta Magna y permitir así la redacción de un nuevo texto, lo que ha quedado abierto es una serie de demandas constitucionales -reconocidas en un texto del Estado- que reflejan de forma explícita una profunda movilización y deliberación constitucional.

En segundo lugar, las causas que motivaron el inicio y despliegue del momento constituyente siguen estando irresueltas, ya que no han encontrado, hasta ahora, un mínimo arreglo institucional. La crisis de la Constitución de 1980 se sigue expresando como desprotección de los derechos humanos, en particular los derechos económicos, sociales y culturales, desigualdad, exclusiones y marginaciones de todo tipo. Estos factores mantienen el malestar ciudadano y una pérdida de credibilidad en las instituciones públicas sin precedentes. Nada indica que sin una respuesta constitucional a estos nudos de conflicto se podrá devolver la legitimidad a nuestras instituciones políticas fundamentales.

De esta forma, sería conveniente que el debate electoral, presidencial y parlamentario aborde este problema de forma mucho más explícita. La campaña electoral parece hasta ahora disociada de este problema, eludiendo la reflexión sobre el momento constituyente, tanto en sus causas como en sus posibles vías de cierre. Cuando los motivos que impulsaron la demanda constitucional siguen abiertos, y a la vez existe ahora un marco básico de propuestas que ha madurado a nivel nacional, es preocupante que el debate electoral evada este dilema.

Por esto es importante destacar la iniciativa de organizaciones de la sociedad civil y de personas, quienes junto a la bancada parlamentaria por AC y más de un centenar de candidatas/os al Congreso han hecho un ferviente llamado a participar en las elecciones, a ejercer su derecho a elegir a aquellos representantes que se comprometan a abrir los candados que impiden el cambio constitucional. El llamado lo hacen extensivo al Gobierno, para que complete, con plazo urgente, el itinerario constitucional comprometido.

Las cifras son elocuentes, Chile -en comparación con América Latina- es el país con menor participación en las elecciones. Según estudio del PNUD, la tendencia cayó a un mínimo histórico en las elecciones municipales de 2016, alcanzando solo a un 34,92% en relación con el padrón electoral. Repetir este "récord" en los próximos comicios presidenciales y parlamentarios sería una manifestación más de la grave crisis de confianza que ha expresado la ciudadanía.

Nunca fue más cierto que los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Los datos muestran que el abstencionismo es una tendencia que se arrastra desde mediados de los años 90 y que responde a un cuestionamiento estructural al sistema político. Es hora de abordar la discusión más significativa para la democracia, aquella que encara la forma en que se distribuirá el poder en la sociedad, allí está el corazón de la actual crisis. Ese marco permitirá que todas las reformas al sistema de elecciones, al rol de los partidos políticos e incluso el debate sobre voto obligatorio o voluntario adquieran sentido y proyección.

El malestar social y la apatía cívico-electoral son síntomas de una debilidad política mayor, que solo se podrá resolver en los marcos de un proceso democrático que aborde seriamente las deficiencias del entramado constitucional vigente. El factor ciudadano es determinante para que el momento constituyente chileno siga abierto.

Álvaro Ramis
Doctor en Ética

Javiera Parada
Actriz

Genaro Cuadros
Arquitecto