Son reiterativas las promesas de candidatos, los anuncios de autoridades y las demoras sobre la próxima instalación de pórticos electrónicos en las rutas interurbanas concesionadas en nuestro país. En muchos casos se las promete para meses y años venideros, sin que existan razones claras para que no sean una realidad hoy. En efecto, ha transcurrido más de una década desde la instalación de las concesiones y aún permanecen procesos anacrónicos para el cobro y pago de peajes en muchas vías terrestres. La modernización tecnológica de estos servicios debió ser parte de las bases de licitación y puesta en marcha antes de inaugurar el funcionamiento de las obras, y en ningún caso haberse postergado repetidamente, como ha ocurrido.

Pérdidas de tiempo, frecuentes largos atochamientos en las plazas de peajes y falta de una administración centralizada de estos pagos indignan a los automovilistas y transportistas. Los usuarios reclaman con razón buenos servicios por los pagos que efectúan a las concesionarias. La carencia de este mecanismo también daña la imagen y prestigio de esas empresas y de las autoridades a cargo de la infraestructura.

No parece haber excusas técnicas ni económicas suficientes para la demora en exigir estas instalaciones. Los sistemas electrónicos de peajes son simples y de general aplicación en muchas partes del mundo. Funcionan sin problemas en las autopistas urbanas nacionales. En las interurbanas, contemplan el control adicional de barreras, que se levantan inmediatamente después de registrar el ingreso vehicular a la vía concesionada. Incluso se aprovecha el mismo dispositivo móvil para otros fines, como el pago de estacionamientos públicos. Lo que también desmiente las dificultades de administración centralizada de estos cobros, que en nuestro caso además se verá favorecida por el control, por un mismo dueño, de la gran mayoría de las concesiones, ya que recientemente se autorizó la fusión de Albertis y Atladia. En todo caso, esta mejora en la calidad del servicio debió exigirse por parte del Ministerio de Obras Públicas al momento de renegociar concesiones como la Ruta 5 o la 68.

El riesgo de impagos parecería ser la verdadera razón de resistencia de las concesionarias interurbanas, pero ese argumento no parece suficiente. Se sabe que la morosidad de los peajes es bajísima, muy por debajo de la del comercio. Por lo demás, para imponer la disciplina en ese mercado se cuenta con el Estado de Derecho, con altas multas impuestas por ley.

La pausa y la gradualidad en reemplazar los controles manuales en los peajes de las carreteras interurbanas por los dispositivos electrónicos resultan incomprensibles. Con justa razón reclaman los usuarios la responsabilidad de las autoridades.