Señor Director:

La SIP Red de Colegios (Sociedad de Instrucción Primaria), sostenedora de 17 colegios con más de 20.000 alumnos, durante el año escolar 2016 se acogió a la "Ley de gratuidad, fin al lucro y no selección", promulgada en 2015.

Pese a que los reglamentos aún no estaban claros, confiamos en que el Gobierno cumpliría lo que la ley dispone en su artículo transitorio 24º, que fija un aumento de la subvención gradual para todos los alumnos, además de otras subvenciones asociadas.

Con esas cifras así legalmente fijadas, hicimos los cálculos y proyecciones a 10 años plazo, para tener un escenario claro de lo que dicha medida significaba y de las acciones que los colegios podrían realizar.

Sin embargo, con estupor e incredulidad vemos ahora que en el Presupuesto de la Nación para 2018 no se considera el aumento legalmente establecido.

Esta omisión, que ignora la Ley de gratuidad, tiene para 2018 un impacto de $540 millones de menores recursos para nuestra institución. Si ella no se revierte a la máxima brevedad, nos veremos obligados a eliminar excelentes proyectos en ejecución, así como a no contratar profesionales para el apoyo escolar de aquellos alumnos en situaciones complejas que, beneficiados por esta misma ley, asisten a nuestros establecimientos. Amarga paradoja.

María Teresa Infante
Presidenta

Lily Ariztía
Gerente general
SIP Red de Colegios (Sociedad de Instrucción Primaria)