Javiera Herrera y Rienzi Franco

El primer plazo que tenían los colegios particulares subvencionados para transformarse en sin fines de lucro venció el 30 de junio. Tal como lo establece la Ley de Inclusión -que termina con el lucro, selección y copago-, los recintos que querían transformarse debían avisar al Mineduc, para así seguir arrendando el inmueble en el que funcionan por 10 años más.

Ahora, el siguiente plazo para ser fundación vence el 31 de diciembre, y si las escuelas no lo hacen, dejarán de recibir la subvención del Estado y podrían convertirse en un colegio particular pagado, o bien, cerrar.

Pero ayer los senadores oficialistas Pedro Araya (Ind.), Carlos Montes (PS), Ignacio Walker y Andrés Zaldívar (ambos DC) ingresaron un proyecto para cambiar la Ley de Inclusión, y extender por un año el plazo para que los recintos se transformen a sin fines de lucro.

En el texto se afirma que la "ley, pese a la modificación que se le introdujo hace solo seis meses, mediante la llamada ley miscelánea, consagra un complejo sistema de arrendamiento de inmuebles, en el período previo a aquel en que los sostenedores deben adquirir los mismos, que es urgente simplificar a la brevedad. En razón de lo anterior, resulta imperioso postergar en al menos un año la obligación para los colegios de cambiar su naturaleza jurídica". Además, se informa que del total de establecimientos que debían hacer el trámite, a la fecha solo lo "ha completado el 12,4%".

Otro de los argumentos que se expone es que "no existe certeza de cómo funcionaría el complejo sistema de créditos bancario", para que los sostenedores compren los inmuebles en donde operan, y también hay un "complejo sistema" que se aprobó recientemente para que sigan arrendando los colegios.

Junto con la extensión del plazo, se propone crear una comisión que revise las "situaciones expuestas y se pueda dar una solución a tantas familias que se encuentran en la total incertidumbre". Antes de fin de año, esa instancia debe tener conclusiones para que la "actual administración proponga los ajustes necesarios a la legislación".

"Perfeccionamiento"

"Estamos verdaderamente muy contentos de que finalmente los parlamentarios de la Nueva Mayoría hayan aceptado aquello que hemos venido planteado desde hace tiempo: La Ley de Inclusión requiere serios perfeccionamientos y sobre todo una postergación en la entrada en vigencia. Espero que el Gobierno apoye entusiastamente la iniciativa", señaló el senador Andrés Allamand (RN).

En tanto, Ena von Baer puntualizó: "La Ley de Inclusión, tal como lo dijimos tantas veces durante su tramitación, choca con la realidad y está teniendo serios problemas en su implementación, y esta ya es la segunda vez que se prorroga".

Quien también se mostró satisfecho con este proyecto es Guido Crino, presidente de la Federación de Instituciones de Educación (FIDE). "Me parece extraordinario, porque el Gobierno era renuente a modificar los plazos", aseguró.

Según Crino, en los últimos encuentros con el Mineduc se abordó el tema de prorrogar los plazos para ser sin fin de lucro, pero el Ejecutivo se mostró contrario. Por ello, afirmó que el proyecto permitiría "una toma de decisión no tan apresurada".

En paralelo, el Gobierno prepara una ley miscelánea para cambiar tres aspectos de la Ley de Inclusión, según los colegios subvencionados. Estos serían sobre tasación de los colegios que se arriendan, cómo se comprará la nueva infraestructura y respecto de las ampliaciones hechas en los colegios hasta 2014.