Señor Director:

Hace pocos días, la OCDE publicó la versión 2017 de su informe "Education at a Glance", donde se analizan indicadores educacionales para distintos países. A partir de este informe el Mineduc elaboró un documento denominado "Análisis de la reforma educacional en base a indicadores del informe Education at a Glance 2017 de la OCDE", donde se utilizan los datos del informe OCDE para justificar -en ocasiones de manera bastante forzada- la pertinencia de cada una de las políticas educativas impulsadas.

Por ejemplo, en educación superior Chile destaca por la alta probabilidad de que una persona acceda a ella en algún momento de su vida (86% versus el promedio OCDE de 66%) y por los altos beneficios asociados en términos de mejoras salariales y menores tasas de desempleo. Si se considera que estos indicadores se calcularon con datos de 2015 (antes de que comenzara la política de gratuidad), se puede concluir que en promedio nuestro sistema de educación superior venía siendo tremendamente exitoso.

Sin embargo, el Gobierno en su informe insiste en la necesidad de reformas como la gratuidad o el fortalecimiento de las instituciones públicas para reducir la brecha que presentamos en algunos indicadores de proceso en relación con el promedio OCDE. Específicamente se establece que nuestros aranceles son demasiado altos, que la proporción del aporte público es baja y que la proporción de la matrícula en instituciones privadas es muy alta, entre otros. Pero nada se dice de las graves consecuencias que pueden tener estas reformas en los ya muy buenos indicadores de resultado a los que se hizo referencia más arriba, y que son los que realmente tienen impacto en la calidad de vida de nuestra población.

Nuestro sistema de educación superior es perfectible, pero los datos muestran que el camino seguido por nuestro país ha sido exitoso. Tratar de utilizarlos para justificar reformas estructurales es simplemente burdo.

María Cristina Tupper
Libertad y Desarrollo