La propuesta de dotar de recursos públicos a la figura del administrador provisional de instituciones de educación superior fallidas puede profundizar el error que representa la creación de esta función.

La dramática experiencia de lo sucedido con la Universidad del Mar -cuyo proceso de cierre ya ha costado más de 40 mil millones de pesos al Estado- reveló la necesidad de contar con una institucionalidad para administrar el cierre de una casa de estudios de educación superior autónoma, que pusiera su foco en que sus alumnos pudieran terminar adecuadamente sus estudios. En ese contexto, la idea de establecer como etapa previa al inicio del proceso de cierre la designación de un administrador provisional fue una mala idea.

Por de pronto, su nombramiento es un acto de intervención de la autoridad ministerial de educación tan fuerte que afecta inmediatamente la elegibilidad de esa institución como lugar de estudios por parte de nuevos estudiantes, y los antiguos buscan rápidamente un cambio. La intervención, entonces, acelera el deterioro de la institución y desencadena inevitablemente un proceso de cierre. Se podría sostener que esta alternativa puede ser exagerada para instituciones que quizás tienen posibilidades de revertir la situación que obligó a su intervención, pero el impacto negativo de esa resolución es demasiado significativo.

Los estudiantes que se quedan en una institución con administrador provisional viven una mezcla de incertidumbre y esperanza que es difícil de gestionar para las autoridades educacionales. Estas no pueden desatender a la institución, ya que son los responsables de la designación del administrador provisional y luego del de cierre. La imposibilidad de revertir el deterioro de la institución intervenida lleva a los estudiantes y a sus familias a buscar culpables, y naturalmente dirigen su frustración hacia los administradores provisionales. Estos pasan a ser los responsables del fracaso del proyecto, en lugar de los directivos originales de la institución, y se inicia la presión por involucrar al Gobierno en el problema.

Esta situación, que podría haberse anticipado desde un inicio, ha quedado ahora ratificada por el informe de la comisión investigadora del proceso de administración provisional de la Universidad Arcis. Se acusa un actuar negligente del administrador provisional y se solicita que la Ley de Presupuestos incorpore fondos públicos para los estudiantes de esa casa de estudios. Se aspira también a que durante la administración provisional las instituciones cuenten con recursos públicos, una disposición que se traduciría en una prolongación artificial de instituciones fallidas.

Todo indica que el mejor camino frente a un proyecto educacional fallido es reubicar lo antes posible a los estudiantes. Más que construir una institucionalidad de estas características, otros países privilegian un mecanismo de seguro institucional que permite un traspaso rápido de los estudiantes a otras casas de estudio. La solución definida en Chile es inconveniente y el paso del tiempo la deja en evidencia.