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Editorial
Martes 12 de septiembre de 2017
Período presidencial
La dificultad de encontrar ventajas decisivas en alguna de las opciones en discusión, y la inoportunidad de plantear esa reforma en este momento, hacen aconsejable no alentar este debate en el plano político.
La posibilidad de que el comando de Sebastián Piñera proponga cambios al período presidencial o a la reelección por una vez -aún no anunciada formalmente como una propuesta- abre una discusión sobre un tema en que el país no ha logrado formarse convicciones definitivas. El Presidente Aylwin gobernó por cuatro años, los presidentes Frei y Lagos lo hicieron por seis, y posteriormente se volvió a 4 años durante los dos mandatos de Bachelet y el de Piñera, en todos los casos sin posibilidades de reelección inmediata. Ninguna de las distintas opciones involucradas en los posibles cambios tiene ventajas absolutas sobre el resto.
Sin embargo, introducir una modificación de este tipo en las circunstancias actuales no parece una buena idea. Sin perjuicio de la importancia que la materia específica tiene para el orden institucional, hay que contar con una propuesta de cambio con apoyo político y estar dispuesto a abrir el debate sobre reformas a la Constitución. Eso volvería a reponer la discusión sobre la Asamblea Constituyente o de una reforma más profunda de la Constitución -muy inconveniente para un nuevo gobierno- que debiera abocarse tanto a corregir el rumbo dado al país en los últimos años en diversas materias como a recuperar la senda de crecimiento y modernizar el Estado. Algo que con distintas intensidades aparece bosquejado en candidaturas como las de Goic, Kast, Guillier o Piñera. Asimismo, todo ello con el telón de fondo de las enormes restricciones presupuestarias que se heredarían de la actual administración.
Por esa razón, parece poco aconsejable priorizar ese debate. La disminución del período presidencial de seis a cuatro años sin reelección fue promovida por el fallecido ex ministro Edgardo Boeninger, argumentando que un período más corto induciría un sentido de urgencia a la administración de turno, necesaria para alcanzar el desarrollo, y que la posibilidad de reelección podría prestarse para que el gobernante electo promoviese políticas de corto plazo que ayudasen a conseguirla, en vez de procurar el bien del país visto con una mirada más larga. Asimismo, se argumentaba que un período de cuatro años serviría para dar sincronía a las elecciones presidenciales con las parlamentarias, evitando someter a la ciudadanía a demasiadas elecciones, sin advertir que de esa manera, o bien el Parlamento quedaba alineado con el Ejecutivo por todo el período, para bien o para mal del país, o bien ambos quedaban desencontrados por todo el período, impidiendo al nuevo gobierno desarrollar su programa con fluidez.
Por esa razón, incluso desde el propio comando de Piñera se ha insinuado eliminar esa sincronía, extendiendo el período de gobierno a seis años, válido para el siguiente Presidente, con elecciones parlamentarias a mitad del mandato, de modo de dar la opción al país de ratificar o corregir el rumbo seguido, dependiendo de los resultados obtenidos, como ocurre en el régimen presidencial de EE.UU. Eso se puede hacer tanto con períodos presidenciales de seis como de cuatro años.
En el caso de la reelección, no solo se puede discutir sobre la reelección inmediata, sino también sobre la reelección en cualquier momento. La reelección no inmediata introduce el problema -o el beneficio- de transformar al Presidente saliente, dada la importancia de su figura en el régimen político chileno, en una permanente amenaza para el resto de los políticos que buscan posicionarse, acentuado por los 12 años Bachelet-Piñera-Bachelet, que podrían extenderse a 16 en caso de ser electo Sebastián Piñera. Por otra parte, la reelección inmediata puede permitir introducir programas de más largo aliento, para los que cuatro años pueden resultar muy pocos, y períodos de seis años sin reelección pueden ser una alternativa a eso. La dificultad de encontrar ventajas decisivas en alguna de las opciones en discusión, y la inoportunidad de plantear esa reforma en este momento, hacen aconsejable no alentar este debate en el plano político.