Los países latinoamericanos merecen crédito por sus recientes denuncias de lo que muchos ya llaman la dictadura venezolana, pero me cuesta entender por qué no hacen lo mismo con la dictadura cubana. Cuando se trata de Cuba, todos miran para otro lado.

Estaba pensando en eso cuando leí acerca de las elecciones cubanas del 22 de octubre para los miembros de las asambleas municipales. Será la primera de varias elecciones estrictamente controladas que terminarán con la elección de la Asamblea Nacional, que decidirá quién sucederá al Presidente Raúl Castro, de 86 años, que ha prometido dejar su cargo en febrero de 2018.

Pero, obviamente, la Asamblea Nacional de Cuba será solo un sello de goma para ratificar a quien elija Castro. Cuba es una dictadura hereditaria desde 1959, y Castro quiere que lo siga siendo.

Se cree que Castro le dejará la presidencia -aunque no la jefatura del Partido Comunista- ya sea a su hijo, el coronel Alejandro Castro Espín, o al actual Primer Vicepresidente, Miguel Díaz-Canel. De cualquier manera, será una elección a dedo de Castro.

Solo los partidarios del gobierno pueden participar en las elecciones cubanas. A diferencia de Venezuela, que teóricamente aún tolera a los partidos opositores, aunque frecuentemente encarcela a sus líderes, Cuba es una dictadura de partido único. Solo el Partido Comunista es legal.

En abierto desafío al régimen de Castro, varios grupos disidentes como Otro18, Cuba Decide, Un Cubano, y el Movimiento Cristiano para la Liberación Nacional presentarán a más de 170 candidatos para las elecciones de octubre. Pero estos candidatos no tendrán acceso a los medios de comunicación -Cuba no permite periódicos, estaciones de radio o canales de televisión que no sean del Estado- y muchos de ellos ya están siendo acosados por agentes de la Seguridad del Estado.

¿Por qué no hay una indignación mundial por la dictadura cubana? Es cierto que recientemente el Presidente Donald Trump hizo un gran show en Miami, anunciando con bombos y platillos que había "cancelado" la normalización de relaciones con Cuba hecha por su antecesor Barack Obama. Pero lo de Trump fue puro teatro político.

Trump ha dejado intactos los aspectos más importantes de la normalización con Cuba. No ha cerrado la nueva Embajada de los Estados Unidos en La Habana, ni ha prohibido los vuelos ni los cruceros de Estados Unidos a Cuba.

Por el contrario, el comercio y el turismo de Estados Unidos a Cuba están floreciendo bajo el gobierno de Trump. En los primeros seis meses de este año hubo 8.287 vuelos entre Estados Unidos y Cuba, un aumento de 180 por ciento respecto del mismo período del año pasado, según un informe de The Havana Consulting Group.

Las importaciones cubanas de productos agrícolas estadounidenses en junio alcanzaron los 24,6 millones de dólares, frente a los 9,5 millones de dólares en junio de 2015, según John S. Kavulich, presidente del Consejo Comercial y Económico de Estados Unidos-Cuba.

Asimismo, la Unión Europea firmó un acuerdo con Cuba en diciembre para normalizar las relaciones. Y los países latinoamericanos raramente emiten la más leve crítica a la dictadura cubana.

Muchos dicen que Cuba no puede compararse con Venezuela, porque la isla ha sido víctima de un embargo comercial de Estados Unidos, que ha predispuesto a la comunidad internacional contra cualquier crítica a su régimen. Y, a diferencia de Venezuela, Cuba no es signataria de la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos, que compromete a los países miembros a respetar el estado de derecho.

Pero esas son excusas. Uno puede estar en contra del embargo de Estados Unidos a Cuba, y al mismo tiempo no permanecer en silencio ante una dictadura que lleva seis décadas en el poder y es responsable de más de 6.100 muertes y desapariciones, según datos documentados del Proyecto Archivo Cubano (Cubaarchive.org).

Y uno tampoco debería permanecer en silencio cuando las detenciones arbitrarias de disidentes en Cuba han aumentado de 2.074 en 2010 a 9.940 en 2016, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, con sede en La Habana.

Denunciar al régimen de Venezuela es lo correcto. Pero ignorar los abusos de Cuba es moralmente incorrecto, y una hipocresía política.