El proyecto de ley de reforma de la educación superior (ES) está en debate y análisis en el Senado. A pesar de la necesidad de la reforma y sus objetivos -aumento en la calidad, mayor equidad y creación de nuevo conocimiento-, el proyecto incluye aspectos que son motivo de preocupación y de un generalizado malestar. A continuación se detallan las áreas que es preciso cambiar y mejorar.

No existe en el proyecto una definición clara del sistema de ES amplio y diverso que requiere el país. Tampoco de la función pública de las universidades, que solo se describe desde la lógica de la propiedad de las universidades estatales. Sin duda, estas deben ser apoyadas y fortalecidas; sin embargo, este apoyo no puede ser a expensas o en desmedro de otras universidades de función pública, las que actualmente entregan más del 50% de los bienes públicos en investigación. En este sentido, se apoya la propuesta de incorporar nuevas universidades al Consejo de Rectores, definiendo condiciones estrictas en cuanto a su calidad y aporte público.

Un aspecto crucial a analizar es la autonomía de las universidades. La nueva estructura institucional -que incluye una Subsecretaría, Superintendencia y el Consejo de Calidad- debería permitir a las universidades crecer y desarrollarse, y no establecer condiciones que burocraticen el sistema y conviertan al Estado en un ente controlador. En el actual proyecto de ley existe una sobrerregulación por parte del Ministerio de Educación, con un rol desproporcionado de la subsecretaría, que toma a cargo el sistema de admisión, define cuotas de inscripción de cupos, valores y matrícula. Esta institución debería más bien focalizarse y ser la encargada de elaborar, coordinar y ejecutar políticas y programas.

Por otra parte, el nuevo Consejo de Calidad debería conservar su autonomía y orientarse a mejorar el sistema de acreditación, cumpliendo un rol de seguimiento, evaluación continua y asistencia a las instituciones.

Adicionalmente, la Superintendencia debería tener un papel de supervisión en el área financiera y de información a los estudiantes que evite los excesos que se han presentado en la actualidad. Es importante dotarla de atribuciones adecuadas, no como está diseñada en la actualidad, en que sus rígidas funciones hacen complejo para las universidades cumplir su labor de innovación, emprendimiento y generación de valor a la sociedad.

En el proyecto no se visualiza el apoyo a las universidades regionales, especialmente las de zonas extremas del país. Estas instituciones son fundamentales para el desarrollo científico, cultural y económico de sus comunidades. De igual forma, es necesario fomentar la desatendida educación técnica y profesional, decisiva para el desarrollo sostenible del país. Es fundamental potenciar este sector desde el Estado, apoyando los buenos proyectos actuales y estimulando propuestas en regiones.

Desde el punto de vista del financiamiento, los fondos basales aportados a las universidades son esenciales para desarrollar investigación, para crear conocimiento y aportar cultura a la sociedad. Estos tributos deben aumentarse -con evaluación rigurosa de sus resultados- a través del Aporte Fiscal Directo (AFD), del fondo basal por desempeño o convenio marco -propuestos en similares condiciones- y del fortalecimiento de vías de financiamiento que potencien concursos en todas las áreas de las ciencias.

Con respecto al financiamiento estudiantil, el proyecto plantea la gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables y un sistema de crédito tipo CAE (Crédito con Aval del Estado), pero con modificaciones. Tal propuesta produce un desfinanciamiento para muchas instituciones -varias de ellas, de gran nivel- y debilita la calidad de los proyectos educativos. Esto, porque el cálculo de los aranceles regulados no cubren el costo de la docencia.

También es preocupante que se determinen los aranceles de los estudiantes de ingresos superiores, lo que amenaza el desarrollo y la autonomía universitaria. La realidad del país hace plantear como régimen permanente la gratuidad focalizada, la que se combina con el aporte de becas y créditos para los estudiantes de mayores recursos. Sí apoyamos la transformación del CAE, retirando a la banca privada de su administración, en un esquema y condiciones similares a las que actualmente tiene el Fondo Solidario.

En resumen, el actual proyecto de ley es un retroceso para la ES del país, ya que se basa en sobrerregulaciones sin una mirada de futuro. Sería más conveniente abordar primero los aspectos de institucionalidad y aseguramiento de la calidad, postergando para una segunda etapa el financiamiento estudiantil y el de las instituciones.

El proyecto se debe mejorar con urgencia en el Senado en los aspectos descritos. Las líneas de construcción de un proyecto de futuro deben ser la calidad, el desarrollo y la equidad, respetando la autonomía de las instituciones y su capacidad para crecer y desarrollarse.

Ignacio Sánchez D.
Rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile